Derecho a la educación superior: Igualdad e inclusión

Resumen

El presente artículo tiene como propósito dar a conocer la problemática que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la educación superior y las dificultades que enfrentan cuando ya han logrado acceder a las universidades, esto a pesar de que existe la Ley N.º 29973, cuya finalidad es establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de sus derechos, y más aún si también cuentan con una protección a nivel internacional. En ese sentido, el Estado, las instituciones que se encargan de fiscalizar la educación de calidad y las universidades e institutos superiores estarían en la obligación de contar con una infraestructura adecuada y capacitación a todo el personal que labora en ellas. Todo ello, en aras de garantizar el acceso a la educación superior en condiciones de igualdad e inclusión. Sin embargo, la realidad fáctica es distinta; por ejemplo, conforme a los datos proporcionados por el Instituto de Estadística e Informática (INEI) del censo del 2017 el 21,3 % (681 mil 614) de la población con alguna discapacidad logró estudiar educación superior. El 13,2 % (423 mil 462) tienen estudios superiores (universitarios y maestría/doctorados) y el 8,1 % (258 mil 152) tiene estudios técnicos (superior no universitaria). En ese sentido, se ve afectado y/o vulnerado el derecho a la educación superior en igualdad e inclusión para las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, porque no cuentan con las condiciones mínimas para poder culminar con éxito su carrera profesional y, como consecuencia de ello, el acceso al mundo laboral. Por tanto, el presente artículo busca reflexionar sobre los diversos argumentos y discusiones en torno al reconocimiento, garantía, protección y promoción del derecho a la educación superior.