El embargo en el proceso penal

Resumen

El artículo 11º inciso 1 del Código Procesal Penal establece que “El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”. Es así que en caso que el agraviado o perjudicado por el hecho punible no se constituya en actor civil, es el Ministerio Público a través del Fiscal Penal, quién además de perseguir la comisión del delito debe ejercer la acción civil. El presente artículo busca destacar la necesaria labor del Fiscal Penal frente a los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva del agraviado a través del ejercicio de las facultades civiles dentro del proceso penal, específicamente asegurando la pretensión resarcitoria a través de las denominadas medidas cautelares reales, como el embargo.