207QUAESTIO IURIS •• N° 11N° 11
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Criterios jurídicos para la integración del
enfoque de género en la teoría del delito a
nivel de la tipicidad subjetiva
Legal criteria for the integration of the
gender approach in the theory of crime at
the level of subjective typicity
BringaS FloreS,BringaS FloreS, Sandra MaribelSandra Maribel((**))
SUMARIO: I. Introducción. II. Integración del enfoque de género
como categoría de análisis en el derecho. 2.1. El enfoque de género. III.
Constitución Política, política criminal y el derecho penal: la dignidad
de las personas como fin supremo del Estado. 3.1. Funcionalidad del
derecho penal. 3.2. Derecho penal y enfoque de género. IV. Teoría del
garantismo penal y la protección a la mujer de los delitos y las violen-
cias. 4.1. Ultima ratio del derecho penal como propósito de un Estado
democrático. V. Alcances del elemento «tipicidad y tipicidad subjeti-
va» dentro de la teoría del delito. 5.1. Elementos del tipo penal: subje-
tivo y objetivo. VI. Acerca de los criterios jurídicos para introducir el
enfoque de género dentro de la tipicidad subjetiva a nivel de la teoría
del delito. VII. Conclusiones. VIII. Referencias.
(*) Abogada. Maestra en Ciencias, mención Derecho Penal y Criminología. Fiscal Provincial
(T) en Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Cajamarca. Docente invitada de la
Escuela de Posgrado de Unidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional de Cajamarca. Correo electrónico: sandrabringas@gmail.com
208Bringas Flores, Sandra Maribel
Resumen: En la presente entrega, se expone la necesidad de con-
tar con criterios jurídicos para la integración del enfoque de género
en la teoría del delito a nivel de la tipicidad subjetiva, en aquellos
delitos cualificados por la víctima mujer. Para ello, se señala que el
enfoque de género es una herramienta metodológica que sirve para
analizar el derecho, así como para evidenciar las relaciones disímiles
y desventajas por los roles que la sociedad ha impuesto en perjuicio
de las mujeres cuando son víctimas de un delito, lo que genera con-
flictos sustantivos y procesales a la hora de resolverlos penalmente.
Por tal razón, desde el positivismo incluyente y el garantismo penal,
se proponen cinco criterios jurídicos, con sustento constitucional
y convencional, que deben tener en cuenta los intérpretes razona-
bles de la ley para abordar desde la investigación un acto delictivo,
consistentes en i) dignidad humana como bien jurídico general; ii)
equidad y no discriminación como fundamento de un derecho an-
tidiscriminatorio; iii) metodología y/o procedimiento que eviden-
cia un reconocimiento de la víctima, su contexto, antecedentes y
hechos debidamente acreditados; iv) precisión a principios básicos
del derecho penal (principio de legalidad penal, taxatividad de la
ley penal y ley cierta) y derecho procesal penal (debido proceso,
presunción de inocencia, objetividad), y v) recurrencia al derecho
penal ante hechos de reproche social intolerable por su impacto en
la convivencia pacífica. La propuesta busca promover que el dere-
cho penal se justifique si garantiza simultáneamente los derechos
de la víctima y del potencial autor del delito.
Palabras clave: criterios jurídicos, enfoque de género, teoría del delito,
tipicidad subjetiva
Abstract: In this installment, he exposes the need to have legal criteria for the
integration of the gender approach in the Theory of Crime at the level of Sub-
jective Typicality, in those crimes qualified by the female victim. For this, it is
pointed out that the gender approach is a methodological tool that serves to an-
alyze the law, evidencing the dissimilar relationships and disadvantages due
to the roles that society has imposed to the detriment of women when they are
victims of a crime. This generates substantive and procedural conflicts when it
comes to resolving them criminally. For this reason, from inclusive positivism
and criminal guarantees, we propose five legal criteria, with constitutional
and conventional support, that reasonable interpreters of the law must take
into account, to approach a criminal act from the investigation, consisting of:
i) human dignity as a general legal good; ii) equity and non-discrimination as
the basis of an anti-discrimination right; iii) Methodology and/or procedure
that evidences an acknowledgment of the victim, its context, background, and
Resumen: En la presente entrega, se expone la necesidad de con-
tar con criterios jurídicos para la integración del enfoque de género
en la teoría del delito a nivel de la tipicidad subjetiva, en aquellos
delitos cualificados por la víctima mujer. Para ello, se señala que el
enfoque de género es una herramienta metodológica que sirve para
analizar el derecho, así como para evidenciar las relaciones disímiles
y desventajas por los roles que la sociedad ha impuesto en perjuicio
de las mujeres cuando son víctimas de un delito, lo que genera con-
flictos sustantivos y procesales a la hora de resolverlos penalmente.
Por tal razón, desde el positivismo incluyente y el garantismo penal,
se proponen cinco criterios jurídicos, con sustento constitucional
y convencional, que deben tener en cuenta los intérpretes razona-
bles de la ley para abordar desde la investigación un acto delictivo,
consistentes en i) dignidad humana como bien jurídico general; ii)
equidad y no discriminación como fundamento de un derecho an-
tidiscriminatorio; iii) metodología y/o procedimiento que eviden-
cia un reconocimiento de la víctima, su contexto, antecedentes y
hechos debidamente acreditados; iv) precisión a principios básicos
del derecho penal (principio de legalidad penal, taxatividad de la
ley penal y ley cierta) y derecho procesal penal (debido proceso,
presunción de inocencia, objetividad), y v) recurrencia al derecho
penal ante hechos de reproche social intolerable por su impacto en
la convivencia pacífica. La propuesta busca promover que el dere-
cho penal se justifique si garantiza simultáneamente los derechos
de la víctima y del potencial autor del delito.
Palabras clave: criterios jurídicos, enfoque de género, teoría del delito,
tipicidad subjetiva
Abstract: In this installment, he exposes the need to have legal criteria for the
integration of the gender approach in the Theory of Crime at the level of Sub-
jective Typicality, in those crimes qualified by the female victim. For this, it is
pointed out that the gender approach is a methodological tool that serves to an-
alyze the law, evidencing the dissimilar relationships and disadvantages due
to the roles that society has imposed to the detriment of women when they are
victims of a crime. This generates substantive and procedural conflicts when it
comes to resolving them criminally. For this reason, from inclusive positivism
and criminal guarantees, we propose five legal criteria, with constitutional
and conventional support, that reasonable interpreters of the law must take
into account, to approach a criminal act from the investigation, consisting of:
i) human dignity as a general legal good; ii) equity and non-discrimination as
the basis of an anti-discrimination right; iii) Methodology and/or procedure
that evidences an acknowledgment of the victim, its context, background, and
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duly accredited facts; iv) accuracy of basic principles of criminal law (princi-
ple of criminal legality, strictness of criminal law and true law) and criminal
procedural law (due process, presumption of innocence, objectivity), and v)
recurrence to criminal law in the event of intolerable social reproach due to its
impact on peaceful coexistence. The proposal seeks to promote that criminal
law is justified if it simultaneously guarantees the rights of the victim and the
potential perpetrator of the crime.
Keywords: legal criteria, gender approach, crime theory, subjective typicity
I. Introducción
En los últimos años el derecho penal peruano, debido a la incorpo-
ración del enfoque de género, ha sufrido diversas modificaciones en sus
fundamentos sustantivos-dogmáticos a través de la tipificación de nuevos
injustos y el incremento en el quantum de las penas de los delitos ya exis-
tentes, sobre todo aquellos cualificados por la víctima mujer. Estos cambios
han sido motivados por la realidad de los diferentes tipos de violencias
hacia la mujer. Esta violencia, manifestada de diferentes maneras por su
género (mujer social y culturalmente contextualizada), ha conllevado a
que se presenten diversos cambios en la legislación especial peruana (v.
gr. Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, D. Leg. N.º 1323), en
diferentes áreas del derecho, a causa del alto índice de casos de violencia
sexual, familiar y física que tienen como víctimas a las mujeres.
De otro lado, ante el fracaso o percepción de falta de severidad para
frenar esta violencia, la política criminal de nuestro país ha ido desarrollan-
do una tendencia a la tipificación de delitos con perspectiva de género. De
ese modo, se viene cambiando la postura tradicional del desarrollo del de-
recho, siempre analizado y desarrollado desde un enfoque aparentemente
neutral, pero que no se ve reflejado en la jurisprudencia, sino que, como
lo señala Julissa Mantilla, «ha resultado siendo causa y consecuencia de
construcciones sociales y culturales que refuerzan modelos estereotipados
y discriminatorios» (2017, p. 5). La doctrina penal ha mostrado, mayorita-
riamente, su oposición a la introducción de perspectivas diferenciadas en
el abordaje de delitos que tienen como víctimas a las mujeres. Dicha pos-
tura se refleja en las propias sentencias judiciales y es la manifestación de
la resistencia al análisis de una categoría como lo es el enfoque de género
en la médula del derecho penal: la teoría del delito. Es más, ha generado
dificultades en el abordaje de la tipicidad (calificación de un hecho al tipo
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
duly accredited facts; iv) accuracy of basic principles of criminal law (princi-
ple of criminal legality, strictness of criminal law and true law) and criminal
procedural law (due process, presumption of innocence, objectivity), and v)
recurrence to criminal law in the event of intolerable social reproach due to its
impact on peaceful coexistence. The proposal seeks to promote that criminal
law is justified if it simultaneously guarantees the rights of the victim and the
potential perpetrator of the crime.
Keywords: legal criteria, gender approach, crime theory, subjective typicity
I. Introducción
En los últimos años el derecho penal peruano, debido a la incorpo-
ración del enfoque de género, ha sufrido diversas modificaciones en sus
fundamentos sustantivos-dogmáticos a través de la tipificación de nuevos
injustos y el incremento en el quantum de las penas de los delitos ya exis-
tentes, sobre todo aquellos cualificados por la víctima mujer. Estos cambios
han sido motivados por la realidad de los diferentes tipos de violencias
hacia la mujer. Esta violencia, manifestada de diferentes maneras por su
género (mujer social y culturalmente contextualizada), ha conllevado a
que se presenten diversos cambios en la legislación especial peruana (v.
gr. Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, D. Leg. N.º 1323), en
diferentes áreas del derecho, a causa del alto índice de casos de violencia
sexual, familiar y física que tienen como víctimas a las mujeres.
De otro lado, ante el fracaso o percepción de falta de severidad para
frenar esta violencia, la política criminal de nuestro país ha ido desarrollan-
do una tendencia a la tipificación de delitos con perspectiva de género. De
ese modo, se viene cambiando la postura tradicional del desarrollo del de-
recho, siempre analizado y desarrollado desde un enfoque aparentemente
neutral, pero que no se ve reflejado en la jurisprudencia, sino que, como
lo señala Julissa Mantilla, «ha resultado siendo causa y consecuencia de
construcciones sociales y culturales que refuerzan modelos estereotipados
y discriminatorios» (2017, p. 5). La doctrina penal ha mostrado, mayorita-
riamente, su oposición a la introducción de perspectivas diferenciadas en
el abordaje de delitos que tienen como víctimas a las mujeres. Dicha pos-
tura se refleja en las propias sentencias judiciales y es la manifestación de
la resistencia al análisis de una categoría como lo es el enfoque de género
en la médula del derecho penal: la teoría del delito. Es más, ha generado
dificultades en el abordaje de la tipicidad (calificación de un hecho al tipo
210Bringas Flores, Sandra Maribel
penal) relacionada con delitos vinculados a violencia sexual, feminicidio y
aquellos derivados de violencia familiar, lo que evidencia dificultades pro-
cesales vinculados con la valoración de la prueba.
En este escenario, apreciamos que la tendencia de nuestra política
criminal obliga a repensar el análisis de la teoría del delito y, principal-
mente, el análisis de la tipicidad subjetiva, donde la valoración de la acción
genera posturas contradictorias, pese a la necesidad dogmática penal so-
bre el elemento subjetivo del tipo —la discriminación— y los criterios para
determinarlo en los casos de violencia de género, cuya materialización se
da en aquellos delitos que tienen como sujeto pasivo a una víctima mujer.
II. Integración del enfoque de género como categoría de
análisis en el derecho
2.1. El enfoque de género
El concepto de «género» se entiende como una categoría donde, en
buena cuenta, la perspectiva, el enfoque de género o la perspectiva de
igualdad de género (en términos del Tribunal Constitucional peruano)
evidencian la desigualdad en relaciones en las que se encuentran las muje-
res respecto de los hombres, donde las primeras se hallan en un especial y
desventajoso estado de vulnerabilidad.
La Convención Belem do Pará incorporó por primera vez en su texto
la expresión «género», con lo que se convirtió en el primer tratado inter-
nacional, en el marco del derecho convencional, en utilizar este término,
muy recurrido en su uso por las ciencias sociales. Por ello, Toledo Vásquez
(2008) señala que este término alude a construcciones sociales que sub-
yacen al entendimiento de la feminidad y la masculinidad en un contex-
to dado. El género como concepto posee dos aspectos inseparables: uno
como significado simbólico y otro como conjunto de relaciones sociales
materiales. Se verifican en diferentes escenarios (lo público y lo privado).
Patricia Ruiz (1998), McDowell (2009), Villanueva Flores (2009) y
Susana Mosquera (2017) coinciden en señalar que la categoría género,
como enfoque, contribuye a explicar esta desigualdad existente entre
hombres y mujeres, y lo que este desequilibrio presenta en sus vidas, así
como también en la organización social. A partir de los roles que se les
asigna por sus diferencias biológicas, se pueden advertir situaciones que
perjudican a uno de los sexos, pero con mayor incidencia a las mujeres.
penal) relacionada con delitos vinculados a violencia sexual, feminicidio y
aquellos derivados de violencia familiar, lo que evidencia dificultades pro-
cesales vinculados con la valoración de la prueba.
En este escenario, apreciamos que la tendencia de nuestra política
criminal obliga a repensar el análisis de la teoría del delito y, principal-
mente, el análisis de la tipicidad subjetiva, donde la valoración de la acción
genera posturas contradictorias, pese a la necesidad dogmática penal so-
bre el elemento subjetivo del tipo —la discriminación— y los criterios para
determinarlo en los casos de violencia de género, cuya materialización se
da en aquellos delitos que tienen como sujeto pasivo a una víctima mujer.
II. Integración del enfoque de género como categoría de
análisis en el derecho
2.1. El enfoque de género
El concepto de «género» se entiende como una categoría donde, en
buena cuenta, la perspectiva, el enfoque de género o la perspectiva de
igualdad de género (en términos del Tribunal Constitucional peruano)
evidencian la desigualdad en relaciones en las que se encuentran las muje-
res respecto de los hombres, donde las primeras se hallan en un especial y
desventajoso estado de vulnerabilidad.
La Convención Belem do Pará incorporó por primera vez en su texto
la expresión «género», con lo que se convirtió en el primer tratado inter-
nacional, en el marco del derecho convencional, en utilizar este término,
muy recurrido en su uso por las ciencias sociales. Por ello, Toledo Vásquez
(2008) señala que este término alude a construcciones sociales que sub-
yacen al entendimiento de la feminidad y la masculinidad en un contex-
to dado. El género como concepto posee dos aspectos inseparables: uno
como significado simbólico y otro como conjunto de relaciones sociales
materiales. Se verifican en diferentes escenarios (lo público y lo privado).
Patricia Ruiz (1998), McDowell (2009), Villanueva Flores (2009) y
Susana Mosquera (2017) coinciden en señalar que la categoría género,
como enfoque, contribuye a explicar esta desigualdad existente entre
hombres y mujeres, y lo que este desequilibrio presenta en sus vidas, así
como también en la organización social. A partir de los roles que se les
asigna por sus diferencias biológicas, se pueden advertir situaciones que
perjudican a uno de los sexos, pero con mayor incidencia a las mujeres.
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Estas diferencias entre hombres y mujeres, por la diferencia biológica,
trascienden también en el plano de las relaciones jurídicas y, por tanto,
en el derecho en general. Dentro de las tres características que Frances
Olsen (2009, p. 138) presenta de los dualismos, la tercera identifica al
derecho con el lado masculino.
Este término nacido en el campo de las ciencias sociales ha sido intro-
ducido en el derecho (de manera particular en los derechos humanos), y
no con pacífica aceptación, más aún cuando su análisis y aspectos circun-
dantes vinculados con los valores y la práctica social ha merecido que el
poder punitivo del Estado lo aprehenda para legislar y recoger una proble-
mática compleja y estructural relacionada con la violencia en contra de la
mujer y sus múltiples manifestaciones.
El enfoque de género, actualmente, se ha convertido en una estrategia
que ha ingresado en diversos espacios, en búsqueda de la igualdad material
o, de hecho, en políticas públicas de sectores claves que pone a prueba la
mirada o enfoque que se ha venido arrastrando en perjuicio del tratamiento
entre hombres y mujeres. Las políticas públicas se encuentran obligadas a
incorporar esta mirada de manera transversal para determinar su inciden-
cia en las relaciones entre hombres y mujeres, más aún porque, al decir de
Carmona Cuenca (2015, p. 28), «son debidas a las relaciones desiguales de
poder establecidas entre los géneros desde hace miles de años y la situación
subordinada de las mujeres en la mayor parte de las sociedades, dominadas
por el patriarcado». Como resultado, se presenta lo que hoy se denomina «la
transversalización de la perspectiva de género», que también ha significado
la inclusión dentro de la política criminal de la región, y en especial en el
derecho, en procura de lograr la igualdad de género.
El término «enfoque de género», conforme a lo que recoge la Ley N.º
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres y los integrantes del grupo familiar, señala que, por él, se reconoce
la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y
mujeres construidas sobre la base de las diferencias de género, una de las
principales causas principales de violencia contra las mujeres (art. 3, inc. 1).
No obstante ello, se puede decir que tanto el enfoque de género
como la perspectiva de género aluden a asuntos de discriminación por ra-
zón de género, que comprenden actos de violencia contra las mujeres o un
tratamiento distinto del derecho que termina afectando la forma o modo
en que se abordan los conflictos que producto de las relaciones se pueden
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Estas diferencias entre hombres y mujeres, por la diferencia biológica,
trascienden también en el plano de las relaciones jurídicas y, por tanto,
en el derecho en general. Dentro de las tres características que Frances
Olsen (2009, p. 138) presenta de los dualismos, la tercera identifica al
derecho con el lado masculino.
Este término nacido en el campo de las ciencias sociales ha sido intro-
ducido en el derecho (de manera particular en los derechos humanos), y
no con pacífica aceptación, más aún cuando su análisis y aspectos circun-
dantes vinculados con los valores y la práctica social ha merecido que el
poder punitivo del Estado lo aprehenda para legislar y recoger una proble-
mática compleja y estructural relacionada con la violencia en contra de la
mujer y sus múltiples manifestaciones.
El enfoque de género, actualmente, se ha convertido en una estrategia
que ha ingresado en diversos espacios, en búsqueda de la igualdad material
o, de hecho, en políticas públicas de sectores claves que pone a prueba la
mirada o enfoque que se ha venido arrastrando en perjuicio del tratamiento
entre hombres y mujeres. Las políticas públicas se encuentran obligadas a
incorporar esta mirada de manera transversal para determinar su inciden-
cia en las relaciones entre hombres y mujeres, más aún porque, al decir de
Carmona Cuenca (2015, p. 28), «son debidas a las relaciones desiguales de
poder establecidas entre los géneros desde hace miles de años y la situación
subordinada de las mujeres en la mayor parte de las sociedades, dominadas
por el patriarcado». Como resultado, se presenta lo que hoy se denomina «la
transversalización de la perspectiva de género», que también ha significado
la inclusión dentro de la política criminal de la región, y en especial en el
derecho, en procura de lograr la igualdad de género.
El término «enfoque de género», conforme a lo que recoge la Ley N.º
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres y los integrantes del grupo familiar, señala que, por él, se reconoce
la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y
mujeres construidas sobre la base de las diferencias de género, una de las
principales causas principales de violencia contra las mujeres (art. 3, inc. 1).
No obstante ello, se puede decir que tanto el enfoque de género
como la perspectiva de género aluden a asuntos de discriminación por ra-
zón de género, que comprenden actos de violencia contra las mujeres o un
tratamiento distinto del derecho que termina afectando la forma o modo
en que se abordan los conflictos que producto de las relaciones se pueden
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presentar. De modo tal que, por el enfoque de género, se puede adver-
tir, dentro de un análisis de los dualismos, que el derecho siempre se ha
ubicado del lado masculino por una jerarquización y sexualización de las
relaciones interpersonales y dualismos que clasifican a los seres humanos.
III. Constitución Política, política criminal y el derecho
penal: la dignidad de las personas como fin supremo
del Estado
En nuestro país, la Constitución Política de 1993 no contempla de
manera expresa los lineamientos de la política criminal peruana. No se de-
finen los lineamientos constitucionales, propios de un Estado constitucio-
nal, que se deben seguir para asegurar la protección de la persona cuando
sus derechos (bienes jurídicos) son conculcados por los particulares o por
el propio Estado.
No obstante, contamos con el artículo 44, Título II, referido al Estado
y la Nación, que en su primer párrafo prescribe:
Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacio-
nal; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger
a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo
integral y equilibrado de la Nación.
Como se podrá advertir, de esta directriz se desprende la obligato-
riedad del Estado social y democrático de derecho que poseemos de ga-
rantizar seguridad a los integrantes, frente a cualquier evento que pueda
generar amenaza a la paz y convivencia social. Entonces, también implica
la necesidad de desarrollar un programa político que esté basado en una
estrategia coherente y garantista de los derechos fundamentales, y pro-
mueva la criminalización de conductas y, por ende, la sanción punitiva que
merezca aquel que atente contra este objetivo estatal.
La justificación constitucional de esta necesidad la encontramos en
este vínculo que, necesariamente, tiene el derecho constitucional con el
derecho penal, pues garantiza, en palabras de Tiedemann (2003, p. 15),
que «la ley no debe establecer más penas que las estricta y manifiesta-
mente necesarias». Ello es fundamental porque concreta el principio de
proporcionalidad y subsidiaridad del derecho penal; y es garantía de la
presentar. De modo tal que, por el enfoque de género, se puede adver-
tir, dentro de un análisis de los dualismos, que el derecho siempre se ha
ubicado del lado masculino por una jerarquización y sexualización de las
relaciones interpersonales y dualismos que clasifican a los seres humanos.
III. Constitución Política, política criminal y el derecho
penal: la dignidad de las personas como fin supremo
del Estado
En nuestro país, la Constitución Política de 1993 no contempla de
manera expresa los lineamientos de la política criminal peruana. No se de-
finen los lineamientos constitucionales, propios de un Estado constitucio-
nal, que se deben seguir para asegurar la protección de la persona cuando
sus derechos (bienes jurídicos) son conculcados por los particulares o por
el propio Estado.
No obstante, contamos con el artículo 44, Título II, referido al Estado
y la Nación, que en su primer párrafo prescribe:
Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacio-
nal; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger
a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo
integral y equilibrado de la Nación.
Como se podrá advertir, de esta directriz se desprende la obligato-
riedad del Estado social y democrático de derecho que poseemos de ga-
rantizar seguridad a los integrantes, frente a cualquier evento que pueda
generar amenaza a la paz y convivencia social. Entonces, también implica
la necesidad de desarrollar un programa político que esté basado en una
estrategia coherente y garantista de los derechos fundamentales, y pro-
mueva la criminalización de conductas y, por ende, la sanción punitiva que
merezca aquel que atente contra este objetivo estatal.
La justificación constitucional de esta necesidad la encontramos en
este vínculo que, necesariamente, tiene el derecho constitucional con el
derecho penal, pues garantiza, en palabras de Tiedemann (2003, p. 15),
que «la ley no debe establecer más penas que las estricta y manifiesta-
mente necesarias». Ello es fundamental porque concreta el principio de
proporcionalidad y subsidiaridad del derecho penal; y es garantía de la
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
existencia a los límites al poder punitivo del Estado, que va en consonan-
cia con el artículo 1 de la carta fundamental que promueve la protección
de la persona humana y su dignidad.
Garaycott Orellana (2012) señala que, de la lectura de los artículos
que contempla nuestra Constitución, de manera dispersa, se puede co-
legir que en el ámbito jurídico-constitucional no se dio una norma —ni
hay— que de modo expreso regule la política criminal. Su existencia es
difusa, como lo son las normas constitucionales que se orientan a regular
y exponer una sanción punitiva para aquel que conculca un bien jurídico
protegido por el derecho penal. Existe, entonces, una respuesta en fun-
ción del momento histórico o mediático que se vive. Probablemente se
recurra a un simbolismo o a un derecho penal simbólico y populista que
crea un escenario expectante y de fantasía, pero que en la práctica no
soluciona el problema.
3.1. Funcionalidad del derecho penal
La doctrina penal aborda, con unanimidad poco cuestionada, la na-
turaleza, la definición y los fines del derecho penal. En este sentido, no
resulta extraño que el derecho penal sea entendido como aquella rama del
derecho público que trate las conductas conminadas con pena en cuanto
a sus presupuestos y consecuencias (Roxin, 1997, p. 44), y cuya misión se
relacione con la protección de la convivencia en sociedad de las personas.
Es de apreciar que teóricos como Zaffaroni (1980, p. 32), Villavicen-
cio Terreros (2014), Roxin (1997), García-Pablos De Molina (2009) y Pé-
rez López (2021, p. 36) coincidan en que la función del derecho penal
tiene relación con la protección o tutela de bienes jurídicos a través de
regular la conducta humana externa, puesto que está orientado a la pro-
tección de derechos fundamentales, mediante la imposición de una san-
ción, y así cumplir su rol de ser un medio de control social del Estado y de
intervención subsidiaria. Todo ello en busca de la convivencia pacífica de
la sociedad. Mientras tanto, el penalista mexicano Jiménez Cano (2008,
p. 23) señala que, en primer lugar, el objeto del derecho penal es el com-
portamiento criminal y sus cualidades, como tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad; y, en segundo lugar, que también se debe tener en cuenta a
las teorías de la protección de los bienes jurídicos, el aseguramiento de la
convivencia humana y la motivación del derecho penal.
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
existencia a los límites al poder punitivo del Estado, que va en consonan-
cia con el artículo 1 de la carta fundamental que promueve la protección
de la persona humana y su dignidad.
Garaycott Orellana (2012) señala que, de la lectura de los artículos
que contempla nuestra Constitución, de manera dispersa, se puede co-
legir que en el ámbito jurídico-constitucional no se dio una norma —ni
hay— que de modo expreso regule la política criminal. Su existencia es
difusa, como lo son las normas constitucionales que se orientan a regular
y exponer una sanción punitiva para aquel que conculca un bien jurídico
protegido por el derecho penal. Existe, entonces, una respuesta en fun-
ción del momento histórico o mediático que se vive. Probablemente se
recurra a un simbolismo o a un derecho penal simbólico y populista que
crea un escenario expectante y de fantasía, pero que en la práctica no
soluciona el problema.
3.1. Funcionalidad del derecho penal
La doctrina penal aborda, con unanimidad poco cuestionada, la na-
turaleza, la definición y los fines del derecho penal. En este sentido, no
resulta extraño que el derecho penal sea entendido como aquella rama del
derecho público que trate las conductas conminadas con pena en cuanto
a sus presupuestos y consecuencias (Roxin, 1997, p. 44), y cuya misión se
relacione con la protección de la convivencia en sociedad de las personas.
Es de apreciar que teóricos como Zaffaroni (1980, p. 32), Villavicen-
cio Terreros (2014), Roxin (1997), García-Pablos De Molina (2009) y Pé-
rez López (2021, p. 36) coincidan en que la función del derecho penal
tiene relación con la protección o tutela de bienes jurídicos a través de
regular la conducta humana externa, puesto que está orientado a la pro-
tección de derechos fundamentales, mediante la imposición de una san-
ción, y así cumplir su rol de ser un medio de control social del Estado y de
intervención subsidiaria. Todo ello en busca de la convivencia pacífica de
la sociedad. Mientras tanto, el penalista mexicano Jiménez Cano (2008,
p. 23) señala que, en primer lugar, el objeto del derecho penal es el com-
portamiento criminal y sus cualidades, como tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad; y, en segundo lugar, que también se debe tener en cuenta a
las teorías de la protección de los bienes jurídicos, el aseguramiento de la
convivencia humana y la motivación del derecho penal.
214Bringas Flores, Sandra Maribel
En este sentido, el derecho penal, como medio control social forma-
lizado, busca garantizar, entonces, que los ciudadanos hombres y mujeres
logren concretar su proyecto de vida en condiciones de convivencia pací-
fica. La importancia, en general, de los medios de control social formales,
como el derecho penal, radica en que son instrumentos mediante los cua-
les la sociedad ejerce control sobre los individuos (la escuela, la iglesia, la
familia, etc.); sin embargo, en el caso del derecho penal, este sirve para
garantizar el proceso de criminalización de las conductas monopolizadas
por el derecho penal.
Sostenemos que el derecho penal como instrumento de control social for-
mal está orientado a la protección de bienes jurídicos de especial relevancia
para la convivencia en sociedad. Esa es la justificación para que la norma
penal (Código Penal), en su parte sustantiva, posicione a la vida como el
primer bien jurídico a proteger, vinculada con la integridad física y la sa-
lud (art. 106 CP). Y es que la dimensión vital de la persona comprende, en
primer orden, a la vida como un principio, sin el cual todos los derechos
fundamentales no tendrían sustento ontológico, ya que no tiene sentido
hablar de derechos más allá de la existencia humana.
En este aspecto, abordar el concepto de «dignidad» es fundamental.
No en vano la Constitución Política del Perú contempla, en su artículo
1, que «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado», lo cual implica que la dig-
nidad como principio constituye un límite para el legislador penal, que
a su vez, en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan
ser tratados como cosas o instrumentos, sino más bien como sujetos de
derechos y obligaciones (f. j. 34, sentencia recaída en el Expediente N.º
33-2007-PI/TC 25/09/2009)
3.2. Derecho penal y enfoque de género
El derecho siempre ha sido cuestionado por la crítica feminista, por-
que en la práctica ha pretendido ser neutral y objetivo. Incluso siempre se
ha asumido que es racional, objetivo, abstracto y universal; sin embargo,
a pesar de los esfuerzos de que, desde la ley, se desarrolle con igualdad
formal, en la práctica, existe la aplicación del derecho con vicios de dis-
criminación. Frances Olsen (2009, p. 140), así como otros autores, señala
que se identifica el derecho con los lados jerárquicamente superiores y
«masculinos» de los dualismos, por lo que afirman categóricamente que
En este sentido, el derecho penal, como medio control social forma-
lizado, busca garantizar, entonces, que los ciudadanos hombres y mujeres
logren concretar su proyecto de vida en condiciones de convivencia pací-
fica. La importancia, en general, de los medios de control social formales,
como el derecho penal, radica en que son instrumentos mediante los cua-
les la sociedad ejerce control sobre los individuos (la escuela, la iglesia, la
familia, etc.); sin embargo, en el caso del derecho penal, este sirve para
garantizar el proceso de criminalización de las conductas monopolizadas
por el derecho penal.
Sostenemos que el derecho penal como instrumento de control social for-
mal está orientado a la protección de bienes jurídicos de especial relevancia
para la convivencia en sociedad. Esa es la justificación para que la norma
penal (Código Penal), en su parte sustantiva, posicione a la vida como el
primer bien jurídico a proteger, vinculada con la integridad física y la sa-
lud (art. 106 CP). Y es que la dimensión vital de la persona comprende, en
primer orden, a la vida como un principio, sin el cual todos los derechos
fundamentales no tendrían sustento ontológico, ya que no tiene sentido
hablar de derechos más allá de la existencia humana.
En este aspecto, abordar el concepto de «dignidad» es fundamental.
No en vano la Constitución Política del Perú contempla, en su artículo
1, que «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado», lo cual implica que la dig-
nidad como principio constituye un límite para el legislador penal, que
a su vez, en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan
ser tratados como cosas o instrumentos, sino más bien como sujetos de
derechos y obligaciones (f. j. 34, sentencia recaída en el Expediente N.º
33-2007-PI/TC 25/09/2009)
3.2. Derecho penal y enfoque de género
El derecho siempre ha sido cuestionado por la crítica feminista, por-
que en la práctica ha pretendido ser neutral y objetivo. Incluso siempre se
ha asumido que es racional, objetivo, abstracto y universal; sin embargo,
a pesar de los esfuerzos de que, desde la ley, se desarrolle con igualdad
formal, en la práctica, existe la aplicación del derecho con vicios de dis-
criminación. Frances Olsen (2009, p. 140), así como otros autores, señala
que se identifica el derecho con los lados jerárquicamente superiores y
«masculinos» de los dualismos, por lo que afirman categóricamente que
215QUAES TIO IU R IS •• N° 11N° 11
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
el derecho es masculino y no femenino. Este autor sugiere que las carac-
terísticas que se le han dado al derecho se relacionan con lo racional,
objetivo, abstracto y universal, todo lo cual alude a los atributos de lo
masculino. Lo contrario significaría atribuirle las características de lo fe-
menino, desde la perspectiva de los hombres, por eso es tan valorado por
esas características de racional y objetivo.
Sin embargo, y desde el cambio legislativo que se ha producido a la
fecha, constitucionalmente también, en segundo orden de protección y
aparejado al bien jurídico «vida», la protección que se brinda se orienta
a la integridad moral, psíquica y física. Estos bienes jurídicos son muy
importantes, pues constituyen el cimiento esencial para el libre desa-
rrollo de la personalidad. Y es por ello que, conforme al programa cons-
titucional, se dirige a buscar en su dimensión el logro de la realización
plena del individuo como propósito último y primero de todo el sistema
jurídico, político y social.
El artículo 1 de nuestra Constitución Política peruana, al igual que la
Constitución colombiana, establece que «la persona y el respeto de su dig-
nidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado». Esta directriz cons-
tituye la norma rectora de la ley penal de nuestro ordenamiento, puesto
que, en la actualidad, el derecho penal democrático debe someter el cuer-
po normativo al análisis constitucional, en tanto y en cuanto son los bienes
jurídicos, libertad y dignidad de la persona, los involucrados y afectados
cuando el ius puniendi del Estado interviene para sancionar una conducta
que quebranta la convivencia social y hace que el acto antisocial se convier-
ta en intolerable e irreprochable.
En definitiva, el derecho penal encuentra su límite en una norma
superior a la ordinaria (Bricola 1973, p. xxi), lo que significa que es la
Constitución Política la norma que en aspectos sustantivos y procesales se
convierte en el instrumento de control de lo analizado por los jueces fren-
te a un conflicto penal. De lo anterior se infiere que el análisis del delito,
la concepción del hecho típico, del ilícito de la culpabilidad, la sistemática
y la dogmática clásicas están condicionadas, en parte, por el dictado cons-
titucional. De allí que en la perspectiva de este autor —la cual comparti-
mos— devienen en importantes aspectos relacionados con los fines de la
pena: ¿qué bienes jurídicos proteger?, ¿contra qué formas de agresión y
niveles de lesividad?, ¿cuáles son fuentes legítimas?, entre otras. Para este
autor, tanto el parlamento como el juez deben adherirse a la normativa
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
el derecho es masculino y no femenino. Este autor sugiere que las carac-
terísticas que se le han dado al derecho se relacionan con lo racional,
objetivo, abstracto y universal, todo lo cual alude a los atributos de lo
masculino. Lo contrario significaría atribuirle las características de lo fe-
menino, desde la perspectiva de los hombres, por eso es tan valorado por
esas características de racional y objetivo.
Sin embargo, y desde el cambio legislativo que se ha producido a la
fecha, constitucionalmente también, en segundo orden de protección y
aparejado al bien jurídico «vida», la protección que se brinda se orienta
a la integridad moral, psíquica y física. Estos bienes jurídicos son muy
importantes, pues constituyen el cimiento esencial para el libre desa-
rrollo de la personalidad. Y es por ello que, conforme al programa cons-
titucional, se dirige a buscar en su dimensión el logro de la realización
plena del individuo como propósito último y primero de todo el sistema
jurídico, político y social.
El artículo 1 de nuestra Constitución Política peruana, al igual que la
Constitución colombiana, establece que «la persona y el respeto de su dig-
nidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado». Esta directriz cons-
tituye la norma rectora de la ley penal de nuestro ordenamiento, puesto
que, en la actualidad, el derecho penal democrático debe someter el cuer-
po normativo al análisis constitucional, en tanto y en cuanto son los bienes
jurídicos, libertad y dignidad de la persona, los involucrados y afectados
cuando el ius puniendi del Estado interviene para sancionar una conducta
que quebranta la convivencia social y hace que el acto antisocial se convier-
ta en intolerable e irreprochable.
En definitiva, el derecho penal encuentra su límite en una norma
superior a la ordinaria (Bricola 1973, p. xxi), lo que significa que es la
Constitución Política la norma que en aspectos sustantivos y procesales se
convierte en el instrumento de control de lo analizado por los jueces fren-
te a un conflicto penal. De lo anterior se infiere que el análisis del delito,
la concepción del hecho típico, del ilícito de la culpabilidad, la sistemática
y la dogmática clásicas están condicionadas, en parte, por el dictado cons-
titucional. De allí que en la perspectiva de este autor —la cual comparti-
mos— devienen en importantes aspectos relacionados con los fines de la
pena: ¿qué bienes jurídicos proteger?, ¿contra qué formas de agresión y
niveles de lesividad?, ¿cuáles son fuentes legítimas?, entre otras. Para este
autor, tanto el parlamento como el juez deben adherirse a la normativa
216Bringas Flores, Sandra Maribel
constitucional de los principios y las reglas que deben guiar al legislador
y al intérprete. Al respecto, Klaus Tiedemann (2003, pp. 47-49) precisa
la importancia de que la norma penal, en su parte especial, concuerde,
entre otros aspectos, con las garantías vinculadas al individuo y como de-
recho subjetivo fundamental, respecto a la certeza de lo que el legislador
decida sancionar como delito.
Entonces, la importancia de las normas constitucionales en materia
penal para la teoría del delito radica en que la dación de una norma penal
debe seguir una estricta concordancia con el programa de la Constitución,
que, para el caso de nuestro país, se corresponde con la exigencia de están-
dares relacionados con la perspectiva del Estado de derechos y principios
procesales que protejan los derechos humanos.
Por ello, cuando Bacigalupo (2005, p. 41) en su obra, Derecho penal y
Estado de derecho, se refiere a la relevancia que tiene el ordenamiento cons-
titucional, básicamente implica la recurrencia a la interpretación constitu-
cional para también realizar la interpretación de la norma, acorde con los
principios superiores fundamentales. De allí que un Estado constitucional
requiere para su instauración de la presencia inexorable de garantías y
derechos para los ciudadanos que podrían eventualmente verse dentro de
un proceso penal (ya sea como víctima o como procesado) que los proteja
con garantías que impidan el exceso del poder punitivo del Estado.
La Constitución Política comprende un programa penal que se eri-
ge, o debería hacerlo, sobre la base de garantías y derechos, más allá
de lo meramente establecido por la ley. Este programa penal debe estar
claramente expuesto porque el derecho constitucional no solamente in-
fluye, sino que marca el sendero de criminalización de conductas que
debe seguir el legislador en el marco de un Estado constitucional de
derecho, que abarca tres aspectos importantes a tener en cuenta: la pre-
vención, la sanción y la resocialización de aquel que es encontrado res-
ponsable penalmente.
En este entender, y no con menos razón, Klaus Tiedemann (2003, p.
15) señala que la relación entre derecho constitucional y derecho penal
es un tema presente en todos los tratados de ambas disciplinas, desde los
tiempos de la Ilustración. Para este autor, «la Ley no debe establecer más
penas que la estricta y manifiestamente necesarias», por lo que recurre,
entonces, al principio de la razonabilidad, valora la dignidad de la persona
y, de algún modo, apuesta por la resocialización de la persona condenada,
constitucional de los principios y las reglas que deben guiar al legislador
y al intérprete. Al respecto, Klaus Tiedemann (2003, pp. 47-49) precisa
la importancia de que la norma penal, en su parte especial, concuerde,
entre otros aspectos, con las garantías vinculadas al individuo y como de-
recho subjetivo fundamental, respecto a la certeza de lo que el legislador
decida sancionar como delito.
Entonces, la importancia de las normas constitucionales en materia
penal para la teoría del delito radica en que la dación de una norma penal
debe seguir una estricta concordancia con el programa de la Constitución,
que, para el caso de nuestro país, se corresponde con la exigencia de están-
dares relacionados con la perspectiva del Estado de derechos y principios
procesales que protejan los derechos humanos.
Por ello, cuando Bacigalupo (2005, p. 41) en su obra, Derecho penal y
Estado de derecho, se refiere a la relevancia que tiene el ordenamiento cons-
titucional, básicamente implica la recurrencia a la interpretación constitu-
cional para también realizar la interpretación de la norma, acorde con los
principios superiores fundamentales. De allí que un Estado constitucional
requiere para su instauración de la presencia inexorable de garantías y
derechos para los ciudadanos que podrían eventualmente verse dentro de
un proceso penal (ya sea como víctima o como procesado) que los proteja
con garantías que impidan el exceso del poder punitivo del Estado.
La Constitución Política comprende un programa penal que se eri-
ge, o debería hacerlo, sobre la base de garantías y derechos, más allá
de lo meramente establecido por la ley. Este programa penal debe estar
claramente expuesto porque el derecho constitucional no solamente in-
fluye, sino que marca el sendero de criminalización de conductas que
debe seguir el legislador en el marco de un Estado constitucional de
derecho, que abarca tres aspectos importantes a tener en cuenta: la pre-
vención, la sanción y la resocialización de aquel que es encontrado res-
ponsable penalmente.
En este entender, y no con menos razón, Klaus Tiedemann (2003, p.
15) señala que la relación entre derecho constitucional y derecho penal
es un tema presente en todos los tratados de ambas disciplinas, desde los
tiempos de la Ilustración. Para este autor, «la Ley no debe establecer más
penas que la estricta y manifiestamente necesarias», por lo que recurre,
entonces, al principio de la razonabilidad, valora la dignidad de la persona
y, de algún modo, apuesta por la resocialización de la persona condenada,
217QUAES TIO IU R IS •• N° 11N° 11
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
puesto que una pena como la cadena perpetua —impuesta para el caso de
los delitos sexuales— significa negar este fin de la pena y, más bien, podría
entenderse como retribucionismo duro y puro.
Sobre este punto, no solo concordamos, sino que resaltamos que recu-
rrir a un derecho penal de naturaleza liberal, donde su construcción debe
hacerse en función de un derecho penal justo y con garantías, además de
ser evidente, garantiza un real Estado de derecho y respeto a la dignidad
de la persona. Así lo declara el artículo 1 de nuestra Constitución Política,
que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y el Estado. Ahora bien, no solo los derechos relativos a la justicia,
sino también aquellos relacionados con las garantías que la Constitución
contempla; por ejemplo, los derechos-principios contemplados en la carta
magna, especialmente el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece (art. 2,
inc.1), al igual que el derecho a la igualdad ante la ley, que nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole (art. 24, inc. 2). Estos
son derechos que sirven de sustento para la protección de la vida, la salud y
la integridad física. Lo propio ocurre, cuando la norma fundamental alude
(art. 2, inc. 24) lo siguiente:
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiem-
po de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley. Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
Este es el fundamento de garantías procesales que todo procesal pe-
nal debe contemplar.
En este sentido, la Constitución Política no agota su presencia en el
derecho penal, sino que, además, ejerce influencia en la política criminal.
Esto es así sobre la base de los principios y valores que ella contempla, y
que además declara su protección (como la dignidad y el respeto a la vida
de las personas). Al respecto, Klaus Tiedemann (2003, p. 21) indica que la
dogmática del sistema penal es asunto de la doctrina y la jurisprudencia, lo
cual implica que forma parte de un «derecho ordinario» y es monopolio
de la «jurisdicción ordinaria».
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
puesto que una pena como la cadena perpetua —impuesta para el caso de
los delitos sexuales— significa negar este fin de la pena y, más bien, podría
entenderse como retribucionismo duro y puro.
Sobre este punto, no solo concordamos, sino que resaltamos que recu-
rrir a un derecho penal de naturaleza liberal, donde su construcción debe
hacerse en función de un derecho penal justo y con garantías, además de
ser evidente, garantiza un real Estado de derecho y respeto a la dignidad
de la persona. Así lo declara el artículo 1 de nuestra Constitución Política,
que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y el Estado. Ahora bien, no solo los derechos relativos a la justicia,
sino también aquellos relacionados con las garantías que la Constitución
contempla; por ejemplo, los derechos-principios contemplados en la carta
magna, especialmente el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece (art. 2,
inc.1), al igual que el derecho a la igualdad ante la ley, que nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole (art. 24, inc. 2). Estos
son derechos que sirven de sustento para la protección de la vida, la salud y
la integridad física. Lo propio ocurre, cuando la norma fundamental alude
(art. 2, inc. 24) lo siguiente:
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiem-
po de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley. Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
Este es el fundamento de garantías procesales que todo procesal pe-
nal debe contemplar.
En este sentido, la Constitución Política no agota su presencia en el
derecho penal, sino que, además, ejerce influencia en la política criminal.
Esto es así sobre la base de los principios y valores que ella contempla, y
que además declara su protección (como la dignidad y el respeto a la vida
de las personas). Al respecto, Klaus Tiedemann (2003, p. 21) indica que la
dogmática del sistema penal es asunto de la doctrina y la jurisprudencia, lo
cual implica que forma parte de un «derecho ordinario» y es monopolio
de la «jurisdicción ordinaria».
218Bringas Flores, Sandra Maribel
Concluimos afirmando que existe una gran responsabilidad en que
el legislador tenga en cuenta los principios constitucionales para poder
encaminar y determinar la política criminal de nuestro país, teniendo
como punto de partida la dignidad de las personas, con equidad y sin dis-
criminación. Las cuestiones fundamentales de la dogmática penal están
abiertas a la influencia directa del orden constitucional, pues se erigen
en piedras angulares de un estado democrático de derecho, es decir, el
derecho penal, al involucrar bienes jurídicos como la libertad, la vida, la
libertad, se ubica dentro de las fronteras de la Constitución y en vincula-
ción con la política criminal.
IV. Teoría del garantismo penal y la protección a la mujer
de los delitos y las violencias
La teoría del garantismo penal, cuyo exponente es Luigi Ferrajoli,
explica los postulados del modelo garantista del constitucionalismo y el
derecho penal. Actualmente, frente a la recurrencia del legislador como
primera opción del derecho penal para sancionar los diversos delitos y
las violencias que afectan a la mujer en cualquier etapa de su vida, Bernal
Pulido (2005), en su libro El derecho de los derechos, aborda, desde el princi-
pio de proporcionalidad, la necesidad de hacer un control constitucional
de los tipos penales y de las penas. Ello con el propósito de determinar
aquellos límites que posee el legislador en su potestad-facultad proposi-
tiva y creadora de tipos penales, por la especial relevancia que ello tiene
frente a los derechos fundamentales.
En este entender, debe tenerse presente que el derecho penal siem-
pre está ligado a derechos fundamentales, pues en algunos casos son
bienes jurídicos los que se encuentran comprometidos y en potencial
restricción. De allí que «el derecho penal es uno de los sectores del orde-
namiento entre el legislador y la Corte», es decir, entre el poder legislati-
vo y el control constitucional.
Es por esta razón que Luigi Ferrajoli desarrolla la teoría del garantis-
mo penal y, como su máximo exponente, propugne la necesidad de recu-
rrir de manera mínima al derecho penal, es decir, que esta recurrencia se
dé, siempre que se justifique la tutela a la víctima, pero también al autor. Si
bien este autor se inclina por el positivismo jurídico y sustenta que el dere-
cho penal tiene una ineludible separación de la moral, su teoría es suma-
Concluimos afirmando que existe una gran responsabilidad en que
el legislador tenga en cuenta los principios constitucionales para poder
encaminar y determinar la política criminal de nuestro país, teniendo
como punto de partida la dignidad de las personas, con equidad y sin dis-
criminación. Las cuestiones fundamentales de la dogmática penal están
abiertas a la influencia directa del orden constitucional, pues se erigen
en piedras angulares de un estado democrático de derecho, es decir, el
derecho penal, al involucrar bienes jurídicos como la libertad, la vida, la
libertad, se ubica dentro de las fronteras de la Constitución y en vincula-
ción con la política criminal.
IV. Teoría del garantismo penal y la protección a la mujer
de los delitos y las violencias
La teoría del garantismo penal, cuyo exponente es Luigi Ferrajoli,
explica los postulados del modelo garantista del constitucionalismo y el
derecho penal. Actualmente, frente a la recurrencia del legislador como
primera opción del derecho penal para sancionar los diversos delitos y
las violencias que afectan a la mujer en cualquier etapa de su vida, Bernal
Pulido (2005), en su libro El derecho de los derechos, aborda, desde el princi-
pio de proporcionalidad, la necesidad de hacer un control constitucional
de los tipos penales y de las penas. Ello con el propósito de determinar
aquellos límites que posee el legislador en su potestad-facultad proposi-
tiva y creadora de tipos penales, por la especial relevancia que ello tiene
frente a los derechos fundamentales.
En este entender, debe tenerse presente que el derecho penal siem-
pre está ligado a derechos fundamentales, pues en algunos casos son
bienes jurídicos los que se encuentran comprometidos y en potencial
restricción. De allí que «el derecho penal es uno de los sectores del orde-
namiento entre el legislador y la Corte», es decir, entre el poder legislati-
vo y el control constitucional.
Es por esta razón que Luigi Ferrajoli desarrolla la teoría del garantis-
mo penal y, como su máximo exponente, propugne la necesidad de recu-
rrir de manera mínima al derecho penal, es decir, que esta recurrencia se
dé, siempre que se justifique la tutela a la víctima, pero también al autor. Si
bien este autor se inclina por el positivismo jurídico y sustenta que el dere-
cho penal tiene una ineludible separación de la moral, su teoría es suma-
219QUAES TIO IU R IS •• N° 11N° 11
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
mente importante cuando se trata de postular la restricción de libertades
desde el derecho penal, solo si esta intervención no es abusiva o arbitraria.
Con referencia a los fundamentos del derecho penal, Ferrajoli (1989,
pp. 213-214) menciona que existe una justificación externa y legitimación
interna del derecho penal. Estos dos conceptos sustentan de «legitimidad»
y de «legitimación» del derecho penal. Las primeras tienen que ver con las
razones externas, esto es, si la aplicación de algunos institutos del derecho
penal es justa con arreglo a criterios morales, políticos, racionales, natura-
les, sobrenaturales; mientras que el segundo con razones internas por las
normas de derecho positivo.
En atención a ello, existe sustento para advertir que la tipificación de
delitos que involucran un análisis del enfoque de género tiene una base
de legitimación externa, pues también recoge eventos criminológicos, de
política y moral, donde cualitativa y cuantitativamente la víctima es una
mujer. Sin embargo, en cuanto a la legitimización interna, no corresponde
a los principios-base del derecho penal, en cuanto implican una perma-
nente confrontación con el derecho penal.
Entonces, la teoría del garantismo penal se orienta a postular un tipo
de derecho que garantice derechos subjetivos. Estos derechos se califican
como «garantías», las que no son solo teoría, sino que, además, se deben
poner en práctica, por la necesidad de que el derecho penal, y lo que re-
gula, sea sometido al control judicial constitucional. Ferrajoli (2006, p. 12)
indica que existe una exigencia derivada del proyecto o programa de un
«derecho penal mínimo», que no es sino el sinónimo del garantismo pe-
nal, por medio del cual se busca que el modelo teórico y normativo del de-
recho penal sea capaz de minimizar la violencia de la intervención punitiva
tanto en «la previsión legal de los delitos» como en su «comprobación judi-
cial», en aras de someterla a límites muy estrictos para tutelar los derechos
de la persona. Finalmente, y, sobre todo, son derechos fundamentales.
Ahora bien, respecto a los derechos fundamentales, nuestra Consti-
tución Política contiene numerosas garantías. Ellos no son solamente los
derechos subjetivos, sino que se convierten en principios objetivos del or-
den constitucional. En su significado objetivo, los derechos fundamentales
poseen directrices constitucionales y mandatos a los poderes públicos, por
lo que son elementos que permiten estructurar al Estado de derechos, los
que resultan de abordaje necesario cuando se trata de resolver los casos
procesados penalmente.
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
mente importante cuando se trata de postular la restricción de libertades
desde el derecho penal, solo si esta intervención no es abusiva o arbitraria.
Con referencia a los fundamentos del derecho penal, Ferrajoli (1989,
pp. 213-214) menciona que existe una justificación externa y legitimación
interna del derecho penal. Estos dos conceptos sustentan de «legitimidad»
y de «legitimación» del derecho penal. Las primeras tienen que ver con las
razones externas, esto es, si la aplicación de algunos institutos del derecho
penal es justa con arreglo a criterios morales, políticos, racionales, natura-
les, sobrenaturales; mientras que el segundo con razones internas por las
normas de derecho positivo.
En atención a ello, existe sustento para advertir que la tipificación de
delitos que involucran un análisis del enfoque de género tiene una base
de legitimación externa, pues también recoge eventos criminológicos, de
política y moral, donde cualitativa y cuantitativamente la víctima es una
mujer. Sin embargo, en cuanto a la legitimización interna, no corresponde
a los principios-base del derecho penal, en cuanto implican una perma-
nente confrontación con el derecho penal.
Entonces, la teoría del garantismo penal se orienta a postular un tipo
de derecho que garantice derechos subjetivos. Estos derechos se califican
como «garantías», las que no son solo teoría, sino que, además, se deben
poner en práctica, por la necesidad de que el derecho penal, y lo que re-
gula, sea sometido al control judicial constitucional. Ferrajoli (2006, p. 12)
indica que existe una exigencia derivada del proyecto o programa de un
«derecho penal mínimo», que no es sino el sinónimo del garantismo pe-
nal, por medio del cual se busca que el modelo teórico y normativo del de-
recho penal sea capaz de minimizar la violencia de la intervención punitiva
tanto en «la previsión legal de los delitos» como en su «comprobación judi-
cial», en aras de someterla a límites muy estrictos para tutelar los derechos
de la persona. Finalmente, y, sobre todo, son derechos fundamentales.
Ahora bien, respecto a los derechos fundamentales, nuestra Consti-
tución Política contiene numerosas garantías. Ellos no son solamente los
derechos subjetivos, sino que se convierten en principios objetivos del or-
den constitucional. En su significado objetivo, los derechos fundamentales
poseen directrices constitucionales y mandatos a los poderes públicos, por
lo que son elementos que permiten estructurar al Estado de derechos, los
que resultan de abordaje necesario cuando se trata de resolver los casos
procesados penalmente.
220Bringas Flores, Sandra Maribel
4.1. Ultima ratio del derecho penal como propósito de un Estado
democrático
Al analizar los límites del poder punitivo del Estado, en el marco de
un sistema democrático, se verifica que el «principio de ultima ratio» se
convierte en uno de los más importantes. Su existencia justifica la interven-
ción del Estado, como último instrumento al que la sociedad recurre para
proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras
formas de control menos lesivas «formales e informales». Si se logra la mis-
ma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad
debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso.
De modo tal que el principio de ultima ratio, al vincularlo con el
principio de mínima intervención del sistema penal, de acuerdo con lo
vertido por Castillo Alva (2004, pp. 210-211), este viene a constituir un
criterio político criminal que no se puede sustituir, pues orienta y dirige
la actividad jurídico-penal de un Estado democrático donde se busca ga-
rantizar la convivencia humana bajo una cultura pacífica y de respeto a
la libertad de la persona.
Por tanto, como es un principio político-dogmático, en buena cuenta,
el Estado debe considerarlo en todos los delitos, y no solo para aquellos
que pudieran generar alarma social, puesto que podría incurrirse en un
Estado totalitario, ya que «[…] la pena o medida de seguridad no puede
verse como el primer recurso de lucha contra la delincuencia, sino como
la última arma, dado que es la más dura y grave de todas las sanciones es-
tatales conocidas» (Castillo Alva, 2004, p. 211). Es evidente que el derecho
penal debe intervenir cuando los otros medios formales e informales de
control social han fracasado, es decir, que se han fomentado escenarios de
riesgo de tipo familiar, personal o comunitario.
Sin embargo, según Garaycott (2012, p. 55), al carecer de una regu-
lación expresa y específica de una política criminal en la Constitución Po-
lítica de 1993, resulta fundamental un Estado constitucional de derecho,
lo mismo como norma-principio que como norma-regla (entendiéndose
como mandatos que prescriben actuación concreta), desde las cuales se
determinen y delimiten a las diversas áreas del derecho, y porque, además
—como lo señala este autor—, la Constitución es facilitadora de la política
criminal, mientras que esta viabiliza también la eficacia de la norma consti-
tucional. Existe una simbiosis y relación recíproca entre ambas.
4.1. Ultima ratio del derecho penal como propósito de un Estado
democrático
Al analizar los límites del poder punitivo del Estado, en el marco de
un sistema democrático, se verifica que el «principio de ultima ratio» se
convierte en uno de los más importantes. Su existencia justifica la interven-
ción del Estado, como último instrumento al que la sociedad recurre para
proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras
formas de control menos lesivas «formales e informales». Si se logra la mis-
ma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad
debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso.
De modo tal que el principio de ultima ratio, al vincularlo con el
principio de mínima intervención del sistema penal, de acuerdo con lo
vertido por Castillo Alva (2004, pp. 210-211), este viene a constituir un
criterio político criminal que no se puede sustituir, pues orienta y dirige
la actividad jurídico-penal de un Estado democrático donde se busca ga-
rantizar la convivencia humana bajo una cultura pacífica y de respeto a
la libertad de la persona.
Por tanto, como es un principio político-dogmático, en buena cuenta,
el Estado debe considerarlo en todos los delitos, y no solo para aquellos
que pudieran generar alarma social, puesto que podría incurrirse en un
Estado totalitario, ya que «[…] la pena o medida de seguridad no puede
verse como el primer recurso de lucha contra la delincuencia, sino como
la última arma, dado que es la más dura y grave de todas las sanciones es-
tatales conocidas» (Castillo Alva, 2004, p. 211). Es evidente que el derecho
penal debe intervenir cuando los otros medios formales e informales de
control social han fracasado, es decir, que se han fomentado escenarios de
riesgo de tipo familiar, personal o comunitario.
Sin embargo, según Garaycott (2012, p. 55), al carecer de una regu-
lación expresa y específica de una política criminal en la Constitución Po-
lítica de 1993, resulta fundamental un Estado constitucional de derecho,
lo mismo como norma-principio que como norma-regla (entendiéndose
como mandatos que prescriben actuación concreta), desde las cuales se
determinen y delimiten a las diversas áreas del derecho, y porque, además
—como lo señala este autor—, la Constitución es facilitadora de la política
criminal, mientras que esta viabiliza también la eficacia de la norma consti-
tucional. Existe una simbiosis y relación recíproca entre ambas.
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REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
La política criminal, entonces, dentro de un Estado constitucional
de derecho, es necesaria para generar un escenario del poder puniti-
vo del Estado. El derecho penal, a través de la función preventiva de
la pena, tanto en su vertiente positiva como negativa, necesitan de un
norte, sobre todo en la labor preventiva de delitos, violencias y compor-
tamientos antisociales.
Al respecto, cabe señalar que, desde el cambio de la política pública
ocurrida con la entrada en vigencia de la Ley N.º 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y los cambios de modi-
ficación e introducción de nuevos tipos penales, han ido incrementando
drásticamente las penas, confrontando principios punitivos (v. gr. mínima
intervención) y evidenciando la carencia de una política criminal en el
Perú, diseñada a nuestra realidad carcelaria.
Ahora bien, cabe citar lo que señala Castillo Alva sobre el principio de
intervención mínima y su comprensión de los subprincipios de fragmen-
tariedad y subsidiaridad. Este autor precisa que el derecho penal, como
es la ultima ratio del orden jurídico, interviene cuando otros resortes de la
política social son insuficientes, y, al reparar en ello, mediante determina-
dos tipos penales y solo en los fragmentos más graves de ilicitud, lo cual se
puede resumir en la siguiente frase: «un mínimo de intervención con un
máximo de eficiencia» (2004, p. 217).
Este máximo de eficiencia, en la práctica, ha quedado demostrado,
no alcanza los niveles de satisfacción. La pena no cumple esa función negati-
va general en la población. Para el sistema de administración de justicia, que
se va cargando de casos, es una realidad que, lejos de disminuir los niveles
de violencia de género, más bien, presenta incrementos vinculados, como
los escenarios de confinamiento, donde las mujeres son, principalmente, las
víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones (ONU Mujeres, 2020).
V. Alcances del elemento «tipicidad y tipicidad subjetiva»
dentro de la teoría del delito
Dentro de un sistema teleológico-racional, el tipo posee tres funcio-
nes, al decir de Roxin (1997, p. 277), que se deben tener en cuenta: i)
función sistemática, ii) la dogmática y iii) una político-criminal. El men-
cionado autor explica que la función sistemática del tipo consiste en la
descripción del comportamiento prohibido con todas sus características.
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
La política criminal, entonces, dentro de un Estado constitucional
de derecho, es necesaria para generar un escenario del poder puniti-
vo del Estado. El derecho penal, a través de la función preventiva de
la pena, tanto en su vertiente positiva como negativa, necesitan de un
norte, sobre todo en la labor preventiva de delitos, violencias y compor-
tamientos antisociales.
Al respecto, cabe señalar que, desde el cambio de la política pública
ocurrida con la entrada en vigencia de la Ley N.º 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y los cambios de modi-
ficación e introducción de nuevos tipos penales, han ido incrementando
drásticamente las penas, confrontando principios punitivos (v. gr. mínima
intervención) y evidenciando la carencia de una política criminal en el
Perú, diseñada a nuestra realidad carcelaria.
Ahora bien, cabe citar lo que señala Castillo Alva sobre el principio de
intervención mínima y su comprensión de los subprincipios de fragmen-
tariedad y subsidiaridad. Este autor precisa que el derecho penal, como
es la ultima ratio del orden jurídico, interviene cuando otros resortes de la
política social son insuficientes, y, al reparar en ello, mediante determina-
dos tipos penales y solo en los fragmentos más graves de ilicitud, lo cual se
puede resumir en la siguiente frase: «un mínimo de intervención con un
máximo de eficiencia» (2004, p. 217).
Este máximo de eficiencia, en la práctica, ha quedado demostrado,
no alcanza los niveles de satisfacción. La pena no cumple esa función negati-
va general en la población. Para el sistema de administración de justicia, que
se va cargando de casos, es una realidad que, lejos de disminuir los niveles
de violencia de género, más bien, presenta incrementos vinculados, como
los escenarios de confinamiento, donde las mujeres son, principalmente, las
víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones (ONU Mujeres, 2020).
V. Alcances del elemento «tipicidad y tipicidad subjetiva»
dentro de la teoría del delito
Dentro de un sistema teleológico-racional, el tipo posee tres funcio-
nes, al decir de Roxin (1997, p. 277), que se deben tener en cuenta: i)
función sistemática, ii) la dogmática y iii) una político-criminal. El men-
cionado autor explica que la función sistemática del tipo consiste en la
descripción del comportamiento prohibido con todas sus características.
222Bringas Flores, Sandra Maribel
La función dogmática del tipo radica en la descripción de los elementos,
cuyo desconocimiento excluye el dolo. Y, finalmente, su función político-
criminal comprende la realización del principio nullum crimen sine lege.
Entonces, la importancia de la tipicidad como categoría radica en que
cumple con una función de prevención general negativa (cuando se hace
alusión a la pena) y de prevención general positiva (cuando se intenta fijar
en el colectivo social), pues persigue un propósito de formación de con-
ciencia social de las normas. De allí que se señale que:
La tipicidad es la consagración normativa de los comportamientos
humanos reprochables desde el punto de vista penal, a través de
esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes. Se
expresa a través del tipo penal, conformado por elementos que defi-
nen la tipicidad de una conducta punible, los cuales son: los sujetos
(activo y pasivo), el objeto, la conducta en sí misma y los ingredientes
normativos y subjetivos, así como la consagración de la pena […]. La
precisión y claridad de la descripción del hecho punible busca garan-
tizar la objetividad en el proceso de adecuación típica lo cual es un
presupuesto para el subsiguiente juicio de antijuridicidad, culpabili-
dad y punibilidad. (sentencia C 297/16, fundamento 20)
El derecho penal, por medio de la conminación e imposición de san-
ciones, espera —en un ideal de deber ser— que la población se contra
motive, que se guarde fiel a la norma. A través del tamiz que significa la
teoría del delito y sus componentes, previa verificación del principio de
legalidad, se podrá imponer una pena y, por lo tanto, se podrá generar
conciencia en el autor y en la población.
La teoría del delito, a través de la historia ha ido cambiando, en fun-
ción a las corrientes del Causalismo, Finalismo y Funcionalismo. Nuestro
Código Penal se ajusta a la teoría del finalismo, la cual está orientada a
estudiar la acción y su proceso de cambio y proyección al analizar el pensa-
miento, con arreglo a los nexos objetivos y a lo que el autor se proyecta. En
otras palabras, el autor actúa motivado bajo un propósito y por eso ejecuta
acciones orientadas a la concreción de su fin.
La tipicidad es un elemento muy importante de la teoría del delito,
además de que constituye el núcleo de cada tipo penal. Su construcción se
da mediante la precisa descripción de una conducta humana, bajo el cum-
plimiento del principio de legalidad, representada como acción. Mayer
La función dogmática del tipo radica en la descripción de los elementos,
cuyo desconocimiento excluye el dolo. Y, finalmente, su función político-
criminal comprende la realización del principio nullum crimen sine lege.
Entonces, la importancia de la tipicidad como categoría radica en que
cumple con una función de prevención general negativa (cuando se hace
alusión a la pena) y de prevención general positiva (cuando se intenta fijar
en el colectivo social), pues persigue un propósito de formación de con-
ciencia social de las normas. De allí que se señale que:
La tipicidad es la consagración normativa de los comportamientos
humanos reprochables desde el punto de vista penal, a través de
esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes. Se
expresa a través del tipo penal, conformado por elementos que defi-
nen la tipicidad de una conducta punible, los cuales son: los sujetos
(activo y pasivo), el objeto, la conducta en sí misma y los ingredientes
normativos y subjetivos, así como la consagración de la pena […]. La
precisión y claridad de la descripción del hecho punible busca garan-
tizar la objetividad en el proceso de adecuación típica lo cual es un
presupuesto para el subsiguiente juicio de antijuridicidad, culpabili-
dad y punibilidad. (sentencia C 297/16, fundamento 20)
El derecho penal, por medio de la conminación e imposición de san-
ciones, espera —en un ideal de deber ser— que la población se contra
motive, que se guarde fiel a la norma. A través del tamiz que significa la
teoría del delito y sus componentes, previa verificación del principio de
legalidad, se podrá imponer una pena y, por lo tanto, se podrá generar
conciencia en el autor y en la población.
La teoría del delito, a través de la historia ha ido cambiando, en fun-
ción a las corrientes del Causalismo, Finalismo y Funcionalismo. Nuestro
Código Penal se ajusta a la teoría del finalismo, la cual está orientada a
estudiar la acción y su proceso de cambio y proyección al analizar el pensa-
miento, con arreglo a los nexos objetivos y a lo que el autor se proyecta. En
otras palabras, el autor actúa motivado bajo un propósito y por eso ejecuta
acciones orientadas a la concreción de su fin.
La tipicidad es un elemento muy importante de la teoría del delito,
además de que constituye el núcleo de cada tipo penal. Su construcción se
da mediante la precisa descripción de una conducta humana, bajo el cum-
plimiento del principio de legalidad, representada como acción. Mayer
223QUAES TIO IU R IS •• N° 11N° 11
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
(2007, p. 113) señala que las modalidades de la acción forman una esfera
restringida, y se encuentran comprendidas los elementos de tipo legal que
añaden de modo esencial una relación de la acción con el espacio y tiempo
o con un determinado objeto o sujeto. De modo tal que las modalidades
de la acción son de modo enteramente igual que sus partes integrantes,
elementos del tipo legal.
En esta investigación, consideramos de trascendencia referirse al ob-
jeto de la acción, por lo que es necesario distinguir entre el bien jurídico
que se protege a través de la amenaza penal y que es lesionado o puesto en
peligro por la acción típica (objeto de tutela) y el objeto perteneciente al
tipo legal, lo que Mayer (2007, p. 123) denomina «objeto del hecho». Cabe
señalar que el objeto del hecho es siempre fácil de establecer mediante la
interpretación gramatical del tipo; mientras que el objeto de tutela no es
determinable sin una interpretación sistemática, y no siempre se da con
claridad. Por ello, en el caso de delitos donde se cualifica a la víctima por
ser mujer, el realizar esta interpretación, desde la perspectiva o enfoque
de género, tiene por objeto generar un análisis distinto de la conducta,
no solo de la víctima, sino también del sujeto agente. En concreto, en el
enfoque de género, en este aspecto, permitirá analizar la acción típica para
identificar el contexto o escenario completo en el que corresponde anali-
zar o estudiar tanto a la presunta víctima como al agresor.
5.1. Elementos del tipo penal: subjetivo y objetivo
Un elemento crucial dentro de la tipicidad es el dolo. Este implica
un «querer» y «conocer» (en términos de Roxin). Empero, Porciúncula
(2014, p. 308) señala que, partiendo de una concepción cognitiva del dolo,
este es conocimiento —por parte del autor— del significado típico de su
acción. Dicho autor afirma que el «querer» se encuentra separado absolu-
tamente dependiente del «conocer», lo cual significa que no basta el co-
nocimiento del actuar ilegal y de su consecuencia jurídica para desmotivar
a aquel que va a cometer el delito, sino otros factores, como, por ejemplo,
sus contextos, que confluyen para dar lugar al acto antijurídico. No obs-
tante, para efectos de la presente tesis, resulta importante establecer que el
dolo se encuentra evidentemente separado del móvil, pues es allí donde el
enfoque de género permitirá tener un análisis más completo de la conduc-
ta del agresor, pero también de la situación de la víctima.
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
(2007, p. 113) señala que las modalidades de la acción forman una esfera
restringida, y se encuentran comprendidas los elementos de tipo legal que
añaden de modo esencial una relación de la acción con el espacio y tiempo
o con un determinado objeto o sujeto. De modo tal que las modalidades
de la acción son de modo enteramente igual que sus partes integrantes,
elementos del tipo legal.
En esta investigación, consideramos de trascendencia referirse al ob-
jeto de la acción, por lo que es necesario distinguir entre el bien jurídico
que se protege a través de la amenaza penal y que es lesionado o puesto en
peligro por la acción típica (objeto de tutela) y el objeto perteneciente al
tipo legal, lo que Mayer (2007, p. 123) denomina «objeto del hecho». Cabe
señalar que el objeto del hecho es siempre fácil de establecer mediante la
interpretación gramatical del tipo; mientras que el objeto de tutela no es
determinable sin una interpretación sistemática, y no siempre se da con
claridad. Por ello, en el caso de delitos donde se cualifica a la víctima por
ser mujer, el realizar esta interpretación, desde la perspectiva o enfoque
de género, tiene por objeto generar un análisis distinto de la conducta,
no solo de la víctima, sino también del sujeto agente. En concreto, en el
enfoque de género, en este aspecto, permitirá analizar la acción típica para
identificar el contexto o escenario completo en el que corresponde anali-
zar o estudiar tanto a la presunta víctima como al agresor.
5.1. Elementos del tipo penal: subjetivo y objetivo
Un elemento crucial dentro de la tipicidad es el dolo. Este implica
un «querer» y «conocer» (en términos de Roxin). Empero, Porciúncula
(2014, p. 308) señala que, partiendo de una concepción cognitiva del dolo,
este es conocimiento —por parte del autor— del significado típico de su
acción. Dicho autor afirma que el «querer» se encuentra separado absolu-
tamente dependiente del «conocer», lo cual significa que no basta el co-
nocimiento del actuar ilegal y de su consecuencia jurídica para desmotivar
a aquel que va a cometer el delito, sino otros factores, como, por ejemplo,
sus contextos, que confluyen para dar lugar al acto antijurídico. No obs-
tante, para efectos de la presente tesis, resulta importante establecer que el
dolo se encuentra evidentemente separado del móvil, pues es allí donde el
enfoque de género permitirá tener un análisis más completo de la conduc-
ta del agresor, pero también de la situación de la víctima.
224Bringas Flores, Sandra Maribel
Esta interesante propuesta radica en la necesidad de contar con una
teoría de la prueba del dolo, la cual no debe incurrir en el error de bus-
car probar el conocimiento que requiere el dolo por medio de una in-
vestigación acerca de la existencia o no de una entidad psicológicamente
real situada en el ámbito interno del autor. Porciúncula afirma que «es
justamente a través de lo externo, es decir, a través del comportamiento
del autor y de sus circunstancias, con lo que podemos verificar lo que él
conocía» (2014, p. 309). Y agrega: «[...] el conocimiento exigido en el dolo
no es una entidad psicológicamente real situada en el ámbito interno del
autor, sino un componente de un sentido exteriorizado». Para este autor,
el contexto social constitutivo del significado de la acción se convierte en
el criterio para la atribución del conocimiento requerido por el dolo; todo
dolo se vuelve, así, un dolus in actio ipsa. El contexto marca una pauta im-
portante en el caso de los delitos, donde la víctima es una mujer. De allí
que se requiere una propuesta, que, además de analizar el dolo y ese ele-
mento subjetivo trascendente, también analice el móvil, donde podemos
ubicar el contexto y condiciones de las partes de un delito.
VI. Acerca de los criterios jurídicos para introducir el enfo-
que de género dentro de la tipicidad subjetiva a nivel de
la teoría del delito
Llegado a este momento, y habiendo expuesto algunas ideas sobre la
necesidad de que la recurrencia al derecho penal se dé bajo el principio
de mínima intervención y respetando derechos y garantías de la dualidad
víctima-imputado, sumado a lo complejo que resulta todavía introducir
el enfoque de género dentro de la tipicidad subjetiva a nivel de la teoría
del delito y las cuestiones problemáticas que su aplicación ha generado,
proponemos cinco criterios jurídicos que se necesitan para hacer uso del
enfoque de género a nivel de la tipicidad subjetiva dentro del análisis que
todo delito sigue, pero en particular los delitos que tienen a una víctima
mujer. Estos criterios servirán también para tutelar principios y garantías
para la contraparte: el autor del delito. Dichos criterios son los siguientes:
1.1. Dignidad humana como derecho y principio constitucional
La dignidad de la persona y su propuesta de protección nace en el
positivismo jurídico. Su concepción se relaciona también con la protec-
ción de aspectos como la libertad, la igualdad y no discriminación, que,
Esta interesante propuesta radica en la necesidad de contar con una
teoría de la prueba del dolo, la cual no debe incurrir en el error de bus-
car probar el conocimiento que requiere el dolo por medio de una in-
vestigación acerca de la existencia o no de una entidad psicológicamente
real situada en el ámbito interno del autor. Porciúncula afirma que «es
justamente a través de lo externo, es decir, a través del comportamiento
del autor y de sus circunstancias, con lo que podemos verificar lo que él
conocía» (2014, p. 309). Y agrega: «[...] el conocimiento exigido en el dolo
no es una entidad psicológicamente real situada en el ámbito interno del
autor, sino un componente de un sentido exteriorizado». Para este autor,
el contexto social constitutivo del significado de la acción se convierte en
el criterio para la atribución del conocimiento requerido por el dolo; todo
dolo se vuelve, así, un dolus in actio ipsa. El contexto marca una pauta im-
portante en el caso de los delitos, donde la víctima es una mujer. De allí
que se requiere una propuesta, que, además de analizar el dolo y ese ele-
mento subjetivo trascendente, también analice el móvil, donde podemos
ubicar el contexto y condiciones de las partes de un delito.
VI. Acerca de los criterios jurídicos para introducir el enfo-
que de género dentro de la tipicidad subjetiva a nivel de
la teoría del delito
Llegado a este momento, y habiendo expuesto algunas ideas sobre la
necesidad de que la recurrencia al derecho penal se dé bajo el principio
de mínima intervención y respetando derechos y garantías de la dualidad
víctima-imputado, sumado a lo complejo que resulta todavía introducir
el enfoque de género dentro de la tipicidad subjetiva a nivel de la teoría
del delito y las cuestiones problemáticas que su aplicación ha generado,
proponemos cinco criterios jurídicos que se necesitan para hacer uso del
enfoque de género a nivel de la tipicidad subjetiva dentro del análisis que
todo delito sigue, pero en particular los delitos que tienen a una víctima
mujer. Estos criterios servirán también para tutelar principios y garantías
para la contraparte: el autor del delito. Dichos criterios son los siguientes:
1.1. Dignidad humana como derecho y principio constitucional
La dignidad de la persona y su propuesta de protección nace en el
positivismo jurídico. Su concepción se relaciona también con la protec-
ción de aspectos como la libertad, la igualdad y no discriminación, que,
225QUAES TIO IU R IS •• N° 11N° 11
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
en buena cuenta, constituyen «valores básicos superiores», de obligatoria
acogida por los Estados, tal como lo señala Mesía Ramírez el núcleo y
fundamento de este nuevo orden habría de ser la dignitas humana (2004,
p. 19). Respecto a la dignidad, es importante tener en cuenta que sus
alcances y diversas denominaciones encierran aquel valor supremo de la
que es poseedor el ser humano, independientemente de su sexo. En esta
línea, es de apreciar que la persona ocupa un lugar privilegiado y con
absoluto valor jurídico, oponible frente a todos, por lo que la ley desde
su dación y aplicación, no debe generar distinciones entre las personas
(hombres y mujeres) tomando como base el sexo.
1.2. Equidad y no discriminación como fundamento de un derecho
antidiscriminatorio
De acuerdo con Anders Kompass (2005, p. 95), la igualdad es la pie-
dra angular de toda sociedad que aspire a la democracia, la justicia social y
el pleno respeto de los derechos humanos. Por ello, dentro de los estánda-
res de protección del derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversas sentencias que
definen y comprenden los alcances de este principio-derecho. La igualdad
es relativa, mientras que la equidad es el propósito que busca generar la
intervención del derecho penal que no genere sobrecriminalización de
conductas, en perjuicio de perpetuar estereotipos en desmedro de uno de
los sexos, para no incurrir en discriminación.
En buena cuenta, este principio-derecho coloca a las personas en un
plano de equivalencia. La consideración del derecho principio igualdad
es importante para la integración del enfoque de género, ya que per-
mitirá construir un derecho igualitario; sin embargo, generar igualdad
material entre hombres y mujeres es un proceso lento y de proyección
con cambios de estereotipos.
Este principio implicará una valoración de la conducta previa evalua-
ción de los hechos. Al momento de la valoración de la conducta, y su ca-
lificación, esta debe hacerse a nivel de la tipicidad subjetiva de los delitos
cualificados por la víctima mujer, lo cual viene a constituir la igualdad y no
discriminación como fundamento de un derecho antidiscriminatorio. Esto
es así porque en la investigación ha quedado sentado que el derecho por
años no ha mantenido una postura neutral; y en cambio, ha generado meca-
nismos y procedimientos jurídicos establecidos en perjuicio de las mujeres.
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
en buena cuenta, constituyen «valores básicos superiores», de obligatoria
acogida por los Estados, tal como lo señala Mesía Ramírez el núcleo y
fundamento de este nuevo orden habría de ser la dignitas humana (2004,
p. 19). Respecto a la dignidad, es importante tener en cuenta que sus
alcances y diversas denominaciones encierran aquel valor supremo de la
que es poseedor el ser humano, independientemente de su sexo. En esta
línea, es de apreciar que la persona ocupa un lugar privilegiado y con
absoluto valor jurídico, oponible frente a todos, por lo que la ley desde
su dación y aplicación, no debe generar distinciones entre las personas
(hombres y mujeres) tomando como base el sexo.
1.2. Equidad y no discriminación como fundamento de un derecho
antidiscriminatorio
De acuerdo con Anders Kompass (2005, p. 95), la igualdad es la pie-
dra angular de toda sociedad que aspire a la democracia, la justicia social y
el pleno respeto de los derechos humanos. Por ello, dentro de los estánda-
res de protección del derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversas sentencias que
definen y comprenden los alcances de este principio-derecho. La igualdad
es relativa, mientras que la equidad es el propósito que busca generar la
intervención del derecho penal que no genere sobrecriminalización de
conductas, en perjuicio de perpetuar estereotipos en desmedro de uno de
los sexos, para no incurrir en discriminación.
En buena cuenta, este principio-derecho coloca a las personas en un
plano de equivalencia. La consideración del derecho principio igualdad
es importante para la integración del enfoque de género, ya que per-
mitirá construir un derecho igualitario; sin embargo, generar igualdad
material entre hombres y mujeres es un proceso lento y de proyección
con cambios de estereotipos.
Este principio implicará una valoración de la conducta previa evalua-
ción de los hechos. Al momento de la valoración de la conducta, y su ca-
lificación, esta debe hacerse a nivel de la tipicidad subjetiva de los delitos
cualificados por la víctima mujer, lo cual viene a constituir la igualdad y no
discriminación como fundamento de un derecho antidiscriminatorio. Esto
es así porque en la investigación ha quedado sentado que el derecho por
años no ha mantenido una postura neutral; y en cambio, ha generado meca-
nismos y procedimientos jurídicos establecidos en perjuicio de las mujeres.
226Bringas Flores, Sandra Maribel
De acuerdo con lo señalado por Barrére Unzueta (2014), el derecho
antidiscriminatorio fue resultado de la evidencia de desigualdades, plantea-
do por las minorías que veían afectados sus derechos civiles por la «raza»,
para luego también considerar entre otros aspectos el sexo. Sin embargo,
desde la impartición de justicia, e incluso desde el nivel de la investigación
del delito, obliga que, actualmente, desde el enfoque de género, se deba
contextualizar los hechos en procura de generar prueba, pero también de
promover igualdad material. Al respecto, Poyatos i Matas (2017) señala:
Hay dos formas de impartir justicia: hacerlo formal y mecánicamen-
te y hacerlo de forma contextualizada con equidad y perspectiva de
género. La primera perpetúa las sistemáticas asimétricas sociales en-
tre sexo, la segunda, en cambio, camina hacia una sociedad iguali-
taria. Una justicia sin perspectiva de género, no es justicia». (p. 180)
Por lo tanto, el enfoque de género promoverá, desde un análisis jurí-
dico, relaciones equitativas entre los sexos.
1.3. Metodología y/o procedimiento que evidencia un reconoci-
miento de la víctima, su contexto, antecedentes y hechos debi-
damente acreditados
Un tercer criterio jurídico a incorporar, tal como lo hemos visto du-
rante la investigación, es la «metodología y/o procedimiento que eviden-
cia un reconocimiento de la víctima, su contexto, antecedentes y hechos
debidamente acreditados». Este criterio se presenta con relación a la vícti-
ma, debido a que, como se presenta en la parte general del Código Penal
(arts. 45-46 E), el legislador contempla una serie de presupuestos relacio-
nados con la aplicación de la pena, siempre en función, por tanto, con el
autor del delito, a saber: los presupuestos para fundamentar y determinar
la pena (art. 45), consideraciones para la individualización de la pena (art.
45-A), circunstancias de atenuación y agravación (art. 46), circunstancia
agravante por condición del sujeto activo (art. 46-A), entre otros aspectos.
Sin embargo, no existe un capítulo dedicado a las consideraciones o aspec-
tos que el juzgador debe tener respecto a la víctima.
Entonces, el punto de partida para analizar el delito es tener en cuenta
la realidad vivida por la víctima. Por tal motivo, Susan Emmenegger (2001,
p. 44) señala, en alusión al estudio de los métodos de las críticas feministas,
que, aunque es una cuestión parcial y subjetiva, limitada a las experiencias
De acuerdo con lo señalado por Barrére Unzueta (2014), el derecho
antidiscriminatorio fue resultado de la evidencia de desigualdades, plantea-
do por las minorías que veían afectados sus derechos civiles por la «raza»,
para luego también considerar entre otros aspectos el sexo. Sin embargo,
desde la impartición de justicia, e incluso desde el nivel de la investigación
del delito, obliga que, actualmente, desde el enfoque de género, se deba
contextualizar los hechos en procura de generar prueba, pero también de
promover igualdad material. Al respecto, Poyatos i Matas (2017) señala:
Hay dos formas de impartir justicia: hacerlo formal y mecánicamen-
te y hacerlo de forma contextualizada con equidad y perspectiva de
género. La primera perpetúa las sistemáticas asimétricas sociales en-
tre sexo, la segunda, en cambio, camina hacia una sociedad iguali-
taria. Una justicia sin perspectiva de género, no es justicia». (p. 180)
Por lo tanto, el enfoque de género promoverá, desde un análisis jurí-
dico, relaciones equitativas entre los sexos.
1.3. Metodología y/o procedimiento que evidencia un reconoci-
miento de la víctima, su contexto, antecedentes y hechos debi-
damente acreditados
Un tercer criterio jurídico a incorporar, tal como lo hemos visto du-
rante la investigación, es la «metodología y/o procedimiento que eviden-
cia un reconocimiento de la víctima, su contexto, antecedentes y hechos
debidamente acreditados». Este criterio se presenta con relación a la vícti-
ma, debido a que, como se presenta en la parte general del Código Penal
(arts. 45-46 E), el legislador contempla una serie de presupuestos relacio-
nados con la aplicación de la pena, siempre en función, por tanto, con el
autor del delito, a saber: los presupuestos para fundamentar y determinar
la pena (art. 45), consideraciones para la individualización de la pena (art.
45-A), circunstancias de atenuación y agravación (art. 46), circunstancia
agravante por condición del sujeto activo (art. 46-A), entre otros aspectos.
Sin embargo, no existe un capítulo dedicado a las consideraciones o aspec-
tos que el juzgador debe tener respecto a la víctima.
Entonces, el punto de partida para analizar el delito es tener en cuenta
la realidad vivida por la víctima. Por tal motivo, Susan Emmenegger (2001,
p. 44) señala, en alusión al estudio de los métodos de las críticas feministas,
que, aunque es una cuestión parcial y subjetiva, limitada a las experiencias
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
de una población limitada (en este caso de las victimas), es necesario tener
presente «la cuestión femenina». Sin embargo, también cabe traer la pro-
puesta de Luigi Ferrajoli (1989), pues corresponde advertir los derechos y
libertades que un derecho penal democrático debe tutelar cuando se trata
de imponer la máxima violencia estatal: la pena. Concordamos con ello,
pues es necesario conocer si el derecho aborda la realidad social femenina
de la misma forma como lo hace con la realidad social masculina, más si
en este último caso el agresor, en los delitos donde la víctima mujer, es pre-
dominantemente un varón. En efecto, en la mayoría de las veces parte por
abordar los hechos desde los prejuicios machistas. De allí que, tal como lo
señala Poyatos Matos (2017, p. 174), en alusión a la importancia de juzgar
con perspectiva de género, «debe partirse de los estereotipos, prejuicios y
roles sexistas como base de la discriminación contra las mujeres».
Esta cuestión femenina, en palabras de Katharine T. Bartlett (2011,
p. 32), no es más que formular «la pregunta por la mujer», además de que
implica puntualizar que «una pregunta se convierte en un método cuando
es formulada con regularidad». En el caso de esta pregunta por la mujer,
o la cuestión femenina, se busca conocer el contexto en el que la víctima
mujer sufre el delito, lo cual implica conocer sus antecedentes, que gene-
ren la orientación de la intervención de la autoridad, a efecto de recabar
los elementos probatorios que acrediten el delito. Poyatos i Matas, citando
a Alphonse Bertillón (2017, p. 174), nos recuerda que «solo se ve lo que se
mira y solo se mira lo que se está preparado para ver».
Al respecto, como se ha podido señalar en el marco teórico de la
presente investigación, el enfoque de género permitirá precisar un pro-
cedimiento respecto al análisis de aquellos delitos donde la víctima es
una mujer, y exige que se analice el factor subjetivo distinto al dolo que
implica analizar el contexto que rodea los hechos vinculados a la histo-
ria de la víctima y del agresor, sus antecedentes vinculados a aquellos
elementos fácticos que rodean los hechos generan el delito; que se en-
cuentren acreditados con métodos o procedimientos técnicos (peritajes
antropológicos, psicológicos, físicos, etc.) y documentales (declaraciones
testimoniales, referenciales, videos, documentos, o en el contexto, ante-
cedentes y hechos debidamente acreditados.
El enfoque de género dentro del abordaje de delitos vinculados a una
víctima mujer implica, entonces, reconocer como un criterio jurídico el con-
texto de la víctima que genere un marco de actuación de las autoridades
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
de una población limitada (en este caso de las victimas), es necesario tener
presente «la cuestión femenina». Sin embargo, también cabe traer la pro-
puesta de Luigi Ferrajoli (1989), pues corresponde advertir los derechos y
libertades que un derecho penal democrático debe tutelar cuando se trata
de imponer la máxima violencia estatal: la pena. Concordamos con ello,
pues es necesario conocer si el derecho aborda la realidad social femenina
de la misma forma como lo hace con la realidad social masculina, más si
en este último caso el agresor, en los delitos donde la víctima mujer, es pre-
dominantemente un varón. En efecto, en la mayoría de las veces parte por
abordar los hechos desde los prejuicios machistas. De allí que, tal como lo
señala Poyatos Matos (2017, p. 174), en alusión a la importancia de juzgar
con perspectiva de género, «debe partirse de los estereotipos, prejuicios y
roles sexistas como base de la discriminación contra las mujeres».
Esta cuestión femenina, en palabras de Katharine T. Bartlett (2011,
p. 32), no es más que formular «la pregunta por la mujer», además de que
implica puntualizar que «una pregunta se convierte en un método cuando
es formulada con regularidad». En el caso de esta pregunta por la mujer,
o la cuestión femenina, se busca conocer el contexto en el que la víctima
mujer sufre el delito, lo cual implica conocer sus antecedentes, que gene-
ren la orientación de la intervención de la autoridad, a efecto de recabar
los elementos probatorios que acrediten el delito. Poyatos i Matas, citando
a Alphonse Bertillón (2017, p. 174), nos recuerda que «solo se ve lo que se
mira y solo se mira lo que se está preparado para ver».
Al respecto, como se ha podido señalar en el marco teórico de la
presente investigación, el enfoque de género permitirá precisar un pro-
cedimiento respecto al análisis de aquellos delitos donde la víctima es
una mujer, y exige que se analice el factor subjetivo distinto al dolo que
implica analizar el contexto que rodea los hechos vinculados a la histo-
ria de la víctima y del agresor, sus antecedentes vinculados a aquellos
elementos fácticos que rodean los hechos generan el delito; que se en-
cuentren acreditados con métodos o procedimientos técnicos (peritajes
antropológicos, psicológicos, físicos, etc.) y documentales (declaraciones
testimoniales, referenciales, videos, documentos, o en el contexto, ante-
cedentes y hechos debidamente acreditados.
El enfoque de género dentro del abordaje de delitos vinculados a una
víctima mujer implica, entonces, reconocer como un criterio jurídico el con-
texto de la víctima que genere un marco de actuación de las autoridades
228Bringas Flores, Sandra Maribel
vinculadas con la precisión a principios básicos del derecho penal (principio
de legalidad penal, taxatividad de la ley penal y ley cierta) y derecho procesal
penal (debido proceso, presunción de inocencia, objetividad).
1.4. Precisión a principios básicos del derecho penal (principio de le-
galidad penal, taxatividad de la ley penal, mínima intervención)
y derecho procesal penal (debido proceso, presunción de ino-
cencia, objetividad)
Durante la investigación se ha determinado que el enfoque de género
podría generar, en una primera lectura, contradicción frente a los princi-
pios de legalidad penal, taxatividad de la ley penal mínima intervención;
asimismo, una posible vulneración si no se actúa de acuerdo a principios y
garantías constitucionales, como el debido proceso, presunción de inocen-
cia y objetividad en el razonamiento valorativo de la prueba.
Al respecto, se debe tener en cuenta que, en el ejercicio de la función
jurisdiccional, los jueces cuentan con poderes discrecionales o arbitrarios
al momento de resolver los casos (y cabe la posibilidad de que se puedan
incluir a las posturas discriminatorias, sexistas y prejuiciosas), lo que hace
que el juez determine el sentido de una norma. Sin embargo, como se ha
podido verificar desde la redacción de los tipos penales que se van incorpo-
rando al catálogo penal, se advierte la forma cómo la norma va dirigiendo
la actuación de la autoridad desde la asunción de un caso, puesto que tiene
como resultado que se considere que el acceso a la tutela judicial efectiva
implique asumir como verdad lo que se denuncie.
En este punto, consideramos muy importante no perder el principio
de objetividad, precisamente, para que la dignidad como criterio jurídico
no se vea perjudicado en el caso del agresor; principio que se recoge muy
claramente en el Código Procesal Penal (artículo IV), cuando se refiere
al titular de la acción penal (el fiscal penal), y prescribe como una «obli-
gación a actuar con objetividad», esto es, indagar los hechos constitutivos
del delito, así como también los que determinen y acrediten la responsa-
bilidad o inocencia del imputado. Ahora bien, durante el desarrollo del
presente trabajo, hemos advertido, de acuerdo a las referencias verificadas
y evidencias analizadas, que existe una tendencia a priorizar en el análisis
del enfoque de género en favor del sexo femenino, lo que, en buena cuen-
ta, en su mala aplicación como herramienta de análisis, puede generar
afectación a estos principios y garantías de connotación constitucional.
vinculadas con la precisión a principios básicos del derecho penal (principio
de legalidad penal, taxatividad de la ley penal y ley cierta) y derecho procesal
penal (debido proceso, presunción de inocencia, objetividad).
1.4. Precisión a principios básicos del derecho penal (principio de le-
galidad penal, taxatividad de la ley penal, mínima intervención)
y derecho procesal penal (debido proceso, presunción de ino-
cencia, objetividad)
Durante la investigación se ha determinado que el enfoque de género
podría generar, en una primera lectura, contradicción frente a los princi-
pios de legalidad penal, taxatividad de la ley penal mínima intervención;
asimismo, una posible vulneración si no se actúa de acuerdo a principios y
garantías constitucionales, como el debido proceso, presunción de inocen-
cia y objetividad en el razonamiento valorativo de la prueba.
Al respecto, se debe tener en cuenta que, en el ejercicio de la función
jurisdiccional, los jueces cuentan con poderes discrecionales o arbitrarios
al momento de resolver los casos (y cabe la posibilidad de que se puedan
incluir a las posturas discriminatorias, sexistas y prejuiciosas), lo que hace
que el juez determine el sentido de una norma. Sin embargo, como se ha
podido verificar desde la redacción de los tipos penales que se van incorpo-
rando al catálogo penal, se advierte la forma cómo la norma va dirigiendo
la actuación de la autoridad desde la asunción de un caso, puesto que tiene
como resultado que se considere que el acceso a la tutela judicial efectiva
implique asumir como verdad lo que se denuncie.
En este punto, consideramos muy importante no perder el principio
de objetividad, precisamente, para que la dignidad como criterio jurídico
no se vea perjudicado en el caso del agresor; principio que se recoge muy
claramente en el Código Procesal Penal (artículo IV), cuando se refiere
al titular de la acción penal (el fiscal penal), y prescribe como una «obli-
gación a actuar con objetividad», esto es, indagar los hechos constitutivos
del delito, así como también los que determinen y acrediten la responsa-
bilidad o inocencia del imputado. Ahora bien, durante el desarrollo del
presente trabajo, hemos advertido, de acuerdo a las referencias verificadas
y evidencias analizadas, que existe una tendencia a priorizar en el análisis
del enfoque de género en favor del sexo femenino, lo que, en buena cuen-
ta, en su mala aplicación como herramienta de análisis, puede generar
afectación a estos principios y garantías de connotación constitucional.
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Conforme este criterio, se debe tener especial interés en conside-
rar los principios de legalidad penal (taxatividad de la ley penal, mínima
intervención) y derecho procesal penal (debido proceso, presunción de
inocencia, objetividad); propios de un Estado democrático de derecho,
donde la importancia a la dignidad de la persona y su libertad poseen un
sentido moral más que jurídico, ya que la perspectiva no solo debe ser tu-
telar a la víctima, sino también abordar la realidad del autor.
1.5. Recurrencia al derecho penal ante hechos de reproche social in-
tolerable por su impacto en la convivencia pacífica
Tal como se ha podido analizar hasta aquí, la recurrencia al derecho
penal denota una utilización de esa característica simbólica, en cuanto co-
labora a reconocer o hacer visibles aquellos problemas con carga de ne-
gatividad para las mujeres, pues ellas son las víctimas principalmente (por
ejemplo, casos de abuso sexual). Se recurre al derecho penal por la amena-
za o coerción que significa la existencia de un tipo penal, a través del cual
se impone una pena no simbólica, a la que se le agrega la imposibilidad de
que su autor una vez sancionado merezca beneficios penitenciarios.
Este criterio jurídico tiene que ver con un principio fundamental del
derecho penal, relacionado con el «principio de mínima intervención».
García Pablos De Molina (2009, p. 506) sostiene y con razón lo siguiente:
[…] en definitiva uno de los objetivos prioritarios de las Ciencias
Penales y Criminológicas de nuestro tiempo, es verificar la racionali-
dad y coste social de los medios que utiliza el Estado para el control
de la delincuencia, sometiendo a límites rigurosos el empleo del
más devastador de todos: «la pena» y agrega, limitar con rigor el ius
puniendi, es el reto más claro que tiene la ciencia penal.
En este sentido, con relación a los delitos cualificados por la víctima
mujer, hemos podido advertir en la presente investigación de cómo el de-
recho penal y procesal penal han sufrido modificatorias e impactos trasce-
dentes en su contenido, en procura de no generar vías alternativas cuando
se comenten actos antisociales en perjuicio de las mujeres, y más bien se
opte por un solo camino: sancionar penalmente todo acto que tenga al
sexo femenino en la consideración de víctima. No obstante ello, y como lo
hemos señalado, llegado este momento, no corresponde retroceder en la
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Conforme este criterio, se debe tener especial interés en conside-
rar los principios de legalidad penal (taxatividad de la ley penal, mínima
intervención) y derecho procesal penal (debido proceso, presunción de
inocencia, objetividad); propios de un Estado democrático de derecho,
donde la importancia a la dignidad de la persona y su libertad poseen un
sentido moral más que jurídico, ya que la perspectiva no solo debe ser tu-
telar a la víctima, sino también abordar la realidad del autor.
1.5. Recurrencia al derecho penal ante hechos de reproche social in-
tolerable por su impacto en la convivencia pacífica
Tal como se ha podido analizar hasta aquí, la recurrencia al derecho
penal denota una utilización de esa característica simbólica, en cuanto co-
labora a reconocer o hacer visibles aquellos problemas con carga de ne-
gatividad para las mujeres, pues ellas son las víctimas principalmente (por
ejemplo, casos de abuso sexual). Se recurre al derecho penal por la amena-
za o coerción que significa la existencia de un tipo penal, a través del cual
se impone una pena no simbólica, a la que se le agrega la imposibilidad de
que su autor una vez sancionado merezca beneficios penitenciarios.
Este criterio jurídico tiene que ver con un principio fundamental del
derecho penal, relacionado con el «principio de mínima intervención».
García Pablos De Molina (2009, p. 506) sostiene y con razón lo siguiente:
[…] en definitiva uno de los objetivos prioritarios de las Ciencias
Penales y Criminológicas de nuestro tiempo, es verificar la racionali-
dad y coste social de los medios que utiliza el Estado para el control
de la delincuencia, sometiendo a límites rigurosos el empleo del
más devastador de todos: «la pena» y agrega, limitar con rigor el ius
puniendi, es el reto más claro que tiene la ciencia penal.
En este sentido, con relación a los delitos cualificados por la víctima
mujer, hemos podido advertir en la presente investigación de cómo el de-
recho penal y procesal penal han sufrido modificatorias e impactos trasce-
dentes en su contenido, en procura de no generar vías alternativas cuando
se comenten actos antisociales en perjuicio de las mujeres, y más bien se
opte por un solo camino: sancionar penalmente todo acto que tenga al
sexo femenino en la consideración de víctima. No obstante ello, y como lo
hemos señalado, llegado este momento, no corresponde retroceder en la
230Bringas Flores, Sandra Maribel
integración del enfoque de género a nivel de la teoría del derecho penal, y
por ende una postura cerrada del derecho penal frente a los tipos penales
género específicos que vayan exigiendo una mirada desde la desigualdad,
pues existe un sistema convencional de protección a los derechos huma-
nos que así lo exige, pues la violencia en cualquiera de sus manifestaciones
se ha dirigido a conculcar y afectar sinceramente, derechos de las mujeres
que, desde la perspectiva del derecho penal, ha terminado lesionando bie-
nes jurídicos, objetivo del derecho penal.
Por ello, este último criterio, que se ha propuesto en esta investiga-
ción, es la recurrencia al derecho penal ante hechos de reproche social
intolerable por su impacto en la convivencia pacífica. Al respecto, se parte
por reconocer que la finalidad del derecho penal no es educar, sino, más
bien, imponer la fuerza del Estado frente a un hecho que quebranta la
convivencia pacífica por actos que se hacen insoportables en la convivencia
dentro de una comunidad. De allí que su recurrencia sea de ultima ratio, y
cuando los otros medios de control social han fallado. Tal como lo propo-
ne García Pablo De Molina (2009, p. 509), no se trata de proteger todos
los bienes jurídicos de cualquier clase de peligro que les amenace, ni de
recurrir la fuerza más poderosa del Estado, sino de programar un control
razonable de la criminalidad, ya que el derecho penal no es la solución
al problema del crimen, más si se tiene en cuenta el impacto negativo de
aquel en las personas. Sin duda, resulta conveniente traer a colación un
estudio realizado por la Dra. Sofia Rivas La Madrid, cuando en el Pleno
del Acuerdo Plenario expuso la importancia de determinar conflicto de
violencia (2019). La citada magistrada mencionó, a propósito de la discu-
sión sobre aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparato-
rio, la distinción de estos conceptos, por lo que apeló a valoraciones que
tiendan a un enfoque restaurativo, que exige primero la distinción de las
violencias que pueda sufrir la mujer de aquellos conflictos que puedan
presentarse en el seno de la familia.
De ese análisis, se puede concluir que solo en aquellos casos que exis-
te un contexto de violencia con un desvalor de acción y vulneración a un
bien jurídico (principio de lesividad), por lo que se debe recurrir a la apli-
cación del principio de oportunidad. Finalmente, dependiendo de la gra-
vedad, se buscaría la respuesta punitiva del Estado.
integración del enfoque de género a nivel de la teoría del derecho penal, y
por ende una postura cerrada del derecho penal frente a los tipos penales
género específicos que vayan exigiendo una mirada desde la desigualdad,
pues existe un sistema convencional de protección a los derechos huma-
nos que así lo exige, pues la violencia en cualquiera de sus manifestaciones
se ha dirigido a conculcar y afectar sinceramente, derechos de las mujeres
que, desde la perspectiva del derecho penal, ha terminado lesionando bie-
nes jurídicos, objetivo del derecho penal.
Por ello, este último criterio, que se ha propuesto en esta investiga-
ción, es la recurrencia al derecho penal ante hechos de reproche social
intolerable por su impacto en la convivencia pacífica. Al respecto, se parte
por reconocer que la finalidad del derecho penal no es educar, sino, más
bien, imponer la fuerza del Estado frente a un hecho que quebranta la
convivencia pacífica por actos que se hacen insoportables en la convivencia
dentro de una comunidad. De allí que su recurrencia sea de ultima ratio, y
cuando los otros medios de control social han fallado. Tal como lo propo-
ne García Pablo De Molina (2009, p. 509), no se trata de proteger todos
los bienes jurídicos de cualquier clase de peligro que les amenace, ni de
recurrir la fuerza más poderosa del Estado, sino de programar un control
razonable de la criminalidad, ya que el derecho penal no es la solución
al problema del crimen, más si se tiene en cuenta el impacto negativo de
aquel en las personas. Sin duda, resulta conveniente traer a colación un
estudio realizado por la Dra. Sofia Rivas La Madrid, cuando en el Pleno
del Acuerdo Plenario expuso la importancia de determinar conflicto de
violencia (2019). La citada magistrada mencionó, a propósito de la discu-
sión sobre aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparato-
rio, la distinción de estos conceptos, por lo que apeló a valoraciones que
tiendan a un enfoque restaurativo, que exige primero la distinción de las
violencias que pueda sufrir la mujer de aquellos conflictos que puedan
presentarse en el seno de la familia.
De ese análisis, se puede concluir que solo en aquellos casos que exis-
te un contexto de violencia con un desvalor de acción y vulneración a un
bien jurídico (principio de lesividad), por lo que se debe recurrir a la apli-
cación del principio de oportunidad. Finalmente, dependiendo de la gra-
vedad, se buscaría la respuesta punitiva del Estado.
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Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
VII. Conclusiones
• Existe base constitucional de derecho convencional y filosófico para
determinar la especial relevancia del enfoque de género en la política
criminal de nuestro país, que le da sustento a la modificación de la
ley penal para sancionar aquellas conductas que, por el desvalor de
la acción o la conducta del sujeto agente, justifica el poder punitivo
del Estado. Sin embargo, la comprensión limitada de sus alcances,
relacionados con el derecho-principio de igualdad, ha conllevado a
la criminalización de conductas que podrían representar una mínima
lesividad de bienes jurídicos, trastocando principios penales sustanti-
vos de un Estado democrático, social de derecho: mínima interven-
ción, proporcionalidad y humanidad de penas.
• El enfoque de género es una herramienta importante que permite ana-
lizar y criticar el derecho desde una perspectiva no neutral, pero obje-
tiva. Por ello, para que sea parte de la dogmática de la teoría del delito,
a nivel de tipicidad subjetiva en los delitos donde la víctima es mujer,
se requiere como sustento la consideración de circunstancias particula-
res que le dan contexto a aquellos delitos cuya valoración diferenciada
es obligatoria (v. gr. feminicidio, agresiones en contra la mujer y los
integrantes de del grupo familiar, violencia sexual y lesiones contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar). Todo ello sobre la base a los
derechos-principios de dignidad e igualdad entre las personas.
• La dinámica creadora de tipos penales (a nivel de derecho penal par-
te especial), como acto de política criminal, es casi siempre un acto
de desafío a la teoría del delito. Esta estructura se compone de los ele-
mentos de acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; postula-
dos que son inconmovibles. Es el tipo penal el que debe ser evaluado,
a través de la intervención del fiscal y el juez, en las secuencias prees-
tablecidas por la norma procesal penal. Lo deben hacer desde la base
constitucional, convencional y bajo dogmática penal. El resultado del
tipo penal, que es conmovido por el enfoque de género, tiene que
ser, por verificación, en resultados probatorios del delito, es decir,
casi siempre se verifica a partir de la comisión de un acto delictivo.
• De cara al abordaje de los delitos donde la víctima es mujer, se requie-
re que el enfoque de género sea introducido en la tipicidad subjetiva,
analizando la acción no desde el dolo, sino desde el factor discrimina-
ción, como un elemento distinto al dolo, pero de carácter subjetivo,
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
VII. Conclusiones
• Existe base constitucional de derecho convencional y filosófico para
determinar la especial relevancia del enfoque de género en la política
criminal de nuestro país, que le da sustento a la modificación de la
ley penal para sancionar aquellas conductas que, por el desvalor de
la acción o la conducta del sujeto agente, justifica el poder punitivo
del Estado. Sin embargo, la comprensión limitada de sus alcances,
relacionados con el derecho-principio de igualdad, ha conllevado a
la criminalización de conductas que podrían representar una mínima
lesividad de bienes jurídicos, trastocando principios penales sustanti-
vos de un Estado democrático, social de derecho: mínima interven-
ción, proporcionalidad y humanidad de penas.
• El enfoque de género es una herramienta importante que permite ana-
lizar y criticar el derecho desde una perspectiva no neutral, pero obje-
tiva. Por ello, para que sea parte de la dogmática de la teoría del delito,
a nivel de tipicidad subjetiva en los delitos donde la víctima es mujer,
se requiere como sustento la consideración de circunstancias particula-
res que le dan contexto a aquellos delitos cuya valoración diferenciada
es obligatoria (v. gr. feminicidio, agresiones en contra la mujer y los
integrantes de del grupo familiar, violencia sexual y lesiones contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar). Todo ello sobre la base a los
derechos-principios de dignidad e igualdad entre las personas.
• La dinámica creadora de tipos penales (a nivel de derecho penal par-
te especial), como acto de política criminal, es casi siempre un acto
de desafío a la teoría del delito. Esta estructura se compone de los ele-
mentos de acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; postula-
dos que son inconmovibles. Es el tipo penal el que debe ser evaluado,
a través de la intervención del fiscal y el juez, en las secuencias prees-
tablecidas por la norma procesal penal. Lo deben hacer desde la base
constitucional, convencional y bajo dogmática penal. El resultado del
tipo penal, que es conmovido por el enfoque de género, tiene que
ser, por verificación, en resultados probatorios del delito, es decir,
casi siempre se verifica a partir de la comisión de un acto delictivo.
• De cara al abordaje de los delitos donde la víctima es mujer, se requie-
re que el enfoque de género sea introducido en la tipicidad subjetiva,
analizando la acción no desde el dolo, sino desde el factor discrimina-
ción, como un elemento distinto al dolo, pero de carácter subjetivo,
232Bringas Flores, Sandra Maribel
que evidencia la relación asimétrica entre la víctima y el agresor. El
enfoque de género necesita sustentarse en criterios jurídicos para que
permita que el operador jurídico pueda evaluar una conducta en el
plano de la tipicidad, a efecto de evitar la sobre criminalización de
conductas. Estos criterios jurídicos permiten garantizar derechos de
la víctima como del agresor, desde la etapa de la investigación del
hecho, durante el proceso y juzgamiento.
• La aplicación adecuada del enfoque de género, a nivel de política
criminal, permitirá que el derecho penal (así también el derecho pro-
cesal penal) sea considerado como un mecanismo de sanción solo
en aquellos casos en los que los otros medios de control social hayan
fracasado. Esto implica que su comprensión debe darse en la real di-
mensión tanto para el agresor como para la víctima, en procura de
lograr que la recurrencia al derecho penal se dé en casos en donde la
vulneración al bien jurídico se convierta en intolerable.
VIII. Referencias
Bacigalupo, E. (2005). Derecho penal y el Estado de derecho. Editorial Jurídica
de Chile.
Barllett Katharine T., & Alvites Alvites, E. (Coords.). (2011). Métodos Fe-
ministas en el Derecho: aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana.
Palestra Editores.
Barrére Unzueta, M. de los Á. (2014). El derecho antidiscriminatorio y sus lími-
tes. Especial referencia a la perspectiva iusfeminista. Grijley.
Bernal Pulido, C. (2005). El Derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación
de los derechos fundamentales. ISBN 9789586169028
Bricola, F. (1973). Teoría Generale del Reato en Novísimo digesto italiano
(vol. 19). En, Colección Maestros del Derecho Penal, N.º 38. UTET.
Carmona Cuenca, Encarna. (2015). La perspectiva de género en los Siste-
mas Europeo e Interamericano de Derechos Humanos. Cuadernos y
Debates. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
Castillo Alva, J. L. (2004). Principios del derecho penal. Parte general. Gaceta
Jurídica.
Ferrajoli, L. (2006). Garantismo Penal. La fuente del sistema acusatorio. Colec-
ción Lecturas Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.
que evidencia la relación asimétrica entre la víctima y el agresor. El
enfoque de género necesita sustentarse en criterios jurídicos para que
permita que el operador jurídico pueda evaluar una conducta en el
plano de la tipicidad, a efecto de evitar la sobre criminalización de
conductas. Estos criterios jurídicos permiten garantizar derechos de
la víctima como del agresor, desde la etapa de la investigación del
hecho, durante el proceso y juzgamiento.
• La aplicación adecuada del enfoque de género, a nivel de política
criminal, permitirá que el derecho penal (así también el derecho pro-
cesal penal) sea considerado como un mecanismo de sanción solo
en aquellos casos en los que los otros medios de control social hayan
fracasado. Esto implica que su comprensión debe darse en la real di-
mensión tanto para el agresor como para la víctima, en procura de
lograr que la recurrencia al derecho penal se dé en casos en donde la
vulneración al bien jurídico se convierta en intolerable.
VIII. Referencias
Bacigalupo, E. (2005). Derecho penal y el Estado de derecho. Editorial Jurídica
de Chile.
Barllett Katharine T., & Alvites Alvites, E. (Coords.). (2011). Métodos Fe-
ministas en el Derecho: aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana.
Palestra Editores.
Barrére Unzueta, M. de los Á. (2014). El derecho antidiscriminatorio y sus lími-
tes. Especial referencia a la perspectiva iusfeminista. Grijley.
Bernal Pulido, C. (2005). El Derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación
de los derechos fundamentales. ISBN 9789586169028
Bricola, F. (1973). Teoría Generale del Reato en Novísimo digesto italiano
(vol. 19). En, Colección Maestros del Derecho Penal, N.º 38. UTET.
Carmona Cuenca, Encarna. (2015). La perspectiva de género en los Siste-
mas Europeo e Interamericano de Derechos Humanos. Cuadernos y
Debates. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
Castillo Alva, J. L. (2004). Principios del derecho penal. Parte general. Gaceta
Jurídica.
Ferrajoli, L. (2006). Garantismo Penal. La fuente del sistema acusatorio. Colec-
ción Lecturas Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.
233QUAES TIO IU R IS •• N° 11N° 11
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Ferrajoli, L. (1989). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Colección
Series y Procesos. Editorial Trotta.
García Pablos De Molina, A. (2009). Derecho penal. Parte general. Fundamen-
tos. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Centro de
Educación Continua. Editorial Universitaria Ramón Areces.
Garaycot Orellana, N. O. (2012). Política criminal en la Constitución Política
del Perú. Análisis crítico sobre la ausencia de política criminal cono sistema en
la Constitución Política del Perú.
Jiménez Cano, R. M. (2008). Una metateoría del positivismo jurídico. Marcial
Pons.
Kompas, A. (2005). Violencia, género y derecho. Feminicidio, justicia de Derecho.
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Mantilla Falcón. J. (2017). Manual. Curso protección contra la violencia de géne-
ro y el grupo familiar. Academia de la Magistratura.
Mayer, M. E. (2007). Derecho penal. Parte general. En J. C. Faira (Ed.),
Maestros del Derecho Penal. Editorial B de F.
McDowell, L. (2009). La definición de género. El género en el derecho. Ensayos
Críticos. Serie Justicia y Derechos Humanos. Neconstitucionalismo y
Sociedad. Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
Mosquera, S. (2017). Mujer y género en el derecho internacional de los
derechos humanos. Mujer y Constitución. Revista Peruana de Derecho
Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales – Tribunal Cons-
titucional del Perú.
Olsen, Frances. (2009). El sexo del derecho. El género en el derecho. Ensayos críti-
cos. Serie Justicia y Derechos Humanos Neconstitucionalismo y Socie-
dad. Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
Poyatos i Matas, G. (2017). Sentencia pionera en España que define jurí-
dicamente y aplica la técnica de «juzgar con perspectiva de género».
Mujer y Constitución. Revista peruana de Derecho Constitucional.
Pérez López, J. (2021). Derecho penal. Parte general. Instituto Pacífico
Rivas La Madrid, S. (2018). Interpretación sistemática al tipo penal de agre-
siones entre los integrantes del grupo familiar. Actualidad Penal, (50).
Rivas La Madrid, S. (2019). ¿La calidad de la víctima o las relaciones de
poder y sometimiento? Un análisis sobre cuál es el desvalor de la
REVISTAREVISTA
Criterios jurídicos para la integración del enfoque de género en la teoría del delito a nivel ...
Ferrajoli, L. (1989). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Colección
Series y Procesos. Editorial Trotta.
García Pablos De Molina, A. (2009). Derecho penal. Parte general. Fundamen-
tos. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Centro de
Educación Continua. Editorial Universitaria Ramón Areces.
Garaycot Orellana, N. O. (2012). Política criminal en la Constitución Política
del Perú. Análisis crítico sobre la ausencia de política criminal cono sistema en
la Constitución Política del Perú.
Jiménez Cano, R. M. (2008). Una metateoría del positivismo jurídico. Marcial
Pons.
Kompas, A. (2005). Violencia, género y derecho. Feminicidio, justicia de Derecho.
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Mantilla Falcón. J. (2017). Manual. Curso protección contra la violencia de géne-
ro y el grupo familiar. Academia de la Magistratura.
Mayer, M. E. (2007). Derecho penal. Parte general. En J. C. Faira (Ed.),
Maestros del Derecho Penal. Editorial B de F.
McDowell, L. (2009). La definición de género. El género en el derecho. Ensayos
Críticos. Serie Justicia y Derechos Humanos. Neconstitucionalismo y
Sociedad. Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
Mosquera, S. (2017). Mujer y género en el derecho internacional de los
derechos humanos. Mujer y Constitución. Revista Peruana de Derecho
Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales – Tribunal Cons-
titucional del Perú.
Olsen, Frances. (2009). El sexo del derecho. El género en el derecho. Ensayos críti-
cos. Serie Justicia y Derechos Humanos Neconstitucionalismo y Socie-
dad. Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
Poyatos i Matas, G. (2017). Sentencia pionera en España que define jurí-
dicamente y aplica la técnica de «juzgar con perspectiva de género».
Mujer y Constitución. Revista peruana de Derecho Constitucional.
Pérez López, J. (2021). Derecho penal. Parte general. Instituto Pacífico
Rivas La Madrid, S. (2018). Interpretación sistemática al tipo penal de agre-
siones entre los integrantes del grupo familiar. Actualidad Penal, (50).
Rivas La Madrid, S. (2019). ¿La calidad de la víctima o las relaciones de
poder y sometimiento? Un análisis sobre cuál es el desvalor de la
234Bringas Flores, Sandra Maribel
conducta en los delitos de violencia de género y contra los integrantes
del grupo familiar. Actualidad Penal, (58).
Rivas La Madrid, S. (2020). Los Avances en la interpretación de la otra
pandemia: la violencia familiar. Comentarios al Recurso de Nulidad
N.º 2030-2019. Gaceta Penal & Procesal Penal, (134).
Ruiz Bravo, P. (1998). Una aproximación al concepto de género. En, Sobre
género, derecho y discriminación. Pontificia Universidad Católica del Perú
- Defensoría del Pueblo.
Tiedemann, K. (2003). Constitución y derecho penal. Serie Derechos y Ga-
rantías, (7).
Villanueva Flores, R. (2011). Tipificar el feminicidio: ¿la huida simplista
al derecho penal? En S. Chiarotti (Ed.ª), Contribuciones al debate sobre
la tipificación Penal del Feminicidio/femicidio. Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
Toledo Vásquez, P. (2010). Tipificación del feminicido/feminicidio: otra
vía hacia el abandono de la neutralidad de género en el Derecho pe-
nal frente a la violencia contra las mujeres. En D. Heim y E. Bodelón
(Coord.as), Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas
androcéntricas (vol. 2, pp. 163-178).
Zaffaroni, E. R., Aliaga, A. y Slokar, A. (2005). Manual de derecho penal, Parte
general.
Zaffaroni, E. R. (2009). El discurso feminista y el poder punitivo. En Gé-
nero en el derecho. Ensayos críticos. Serie Justicia y Derechos Hu-
manos. Neoconstitucionalismo y sociedad. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Zaffaroni, E. R., Bailone M. y Mavila León, R. (2017). Dogmática penal y cri-
minología cautelar. Una introducción a la criminología cautelar con especial
énfasis en la criminología mediática. Ideas Solución Editorial.
Zaffaroni, E. R. (2011). La palabra de los muertos. Conferencias de Criminología
Cautelar (1.ª reimp.).
Zaffaroni, E. R. (2017). Dogmática penal y criminología cautelar. Ideas Solu-
ción Editorial.
conducta en los delitos de violencia de género y contra los integrantes
del grupo familiar. Actualidad Penal, (58).
Rivas La Madrid, S. (2020). Los Avances en la interpretación de la otra
pandemia: la violencia familiar. Comentarios al Recurso de Nulidad
N.º 2030-2019. Gaceta Penal & Procesal Penal, (134).
Ruiz Bravo, P. (1998). Una aproximación al concepto de género. En, Sobre
género, derecho y discriminación. Pontificia Universidad Católica del Perú
- Defensoría del Pueblo.
Tiedemann, K. (2003). Constitución y derecho penal. Serie Derechos y Ga-
rantías, (7).
Villanueva Flores, R. (2011). Tipificar el feminicidio: ¿la huida simplista
al derecho penal? En S. Chiarotti (Ed.ª), Contribuciones al debate sobre
la tipificación Penal del Feminicidio/femicidio. Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
Toledo Vásquez, P. (2010). Tipificación del feminicido/feminicidio: otra
vía hacia el abandono de la neutralidad de género en el Derecho pe-
nal frente a la violencia contra las mujeres. En D. Heim y E. Bodelón
(Coord.as), Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas
androcéntricas (vol. 2, pp. 163-178).
Zaffaroni, E. R., Aliaga, A. y Slokar, A. (2005). Manual de derecho penal, Parte
general.
Zaffaroni, E. R. (2009). El discurso feminista y el poder punitivo. En Gé-
nero en el derecho. Ensayos críticos. Serie Justicia y Derechos Hu-
manos. Neoconstitucionalismo y sociedad. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Zaffaroni, E. R., Bailone M. y Mavila León, R. (2017). Dogmática penal y cri-
minología cautelar. Una introducción a la criminología cautelar con especial
énfasis en la criminología mediática. Ideas Solución Editorial.
Zaffaroni, E. R. (2011). La palabra de los muertos. Conferencias de Criminología
Cautelar (1.ª reimp.).
Zaffaroni, E. R. (2017). Dogmática penal y criminología cautelar. Ideas Solu-
ción Editorial.